Mientras bomberos continúan trabajando en los últimos focos de una nueva sucesión de incendios en las serranías cordobesas, integrantes de la ex Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (ex COTBN), se pronunciaron públicamente ante lo que definen como una "tragedia".

Entre los meses de agosto y septiembre las llamas consumieron más de 70 mil hectáreas en distintas regiones de la provincia, especialmente el corredor del valle de Punilla.

Para los especialistas los incendios forman parte de "acciones en contra los ecosistemas serranos y su pueblo" y están ocasionados por "intereses de la economía neoliberal" ante los cuales el gobierno provincial mantiene una llamativa inacción.

"Hoy y en las últimas décadas, los incendios no tienen freno por parte del estado provincial, a pesar de que cuenta con una multitud de leyes de protección ambiental que habilitan su accionar", destaca el texto.

"Nos preocupa que el gobierno provincial, ante innumerables desastres ambientales ocurridos y que están ocurriendo, esté mostrando falta de compromiso e insensibilidad ante los acontecimientos que provocan elevados daños ambientales, económicos, sociales, de vida natural y humana", prosigue la comunicación dirigida al gobernador Juan Schiaretti.

Con la firma de Alicia Barchuk, María Inés Chiotti, Daniela Tamburini y Silvia Rivero, ex integrantes de la COTBN, y las ex legisladoras Adela Coria y Liliana Olivero, la nota remarca que el Gobierno no aplica las herramientas legales con que cuenta.

"Criticamos fuertemente la no-política ambiental existente, la falta de preservación y manejo de recursos naturales cada vez más escasos, como lo es nuestro bosque nativo con los servicios que le son inherentes para preservar la atmósfera, acuíferos y suelo, lo que evidencia la magra intención de aplicar las leyes vigentes", afirman.

En ese marco, el colectivo critica dos decisiones recientemente tomadas por la gestión de Hacemos por Córdoba.

"Primero, la Secretaría de Ambiente propone un Plan de Restauración ambiental de zonas afectadas por incendios y conforma un equipo intersectorial que nada puede accionar ante la magnitud de la guerra desatada. La Secretaría además realiza recomendaciones y acciones que depositan en la gente una serie de actividades que dan la sensación de sálvense quien pueda y que solo a un niño conformaría", apunta el comunicado.

"Mediante la Resolución N° 227 saca la mirada de individuos que operan generando riesgos de vida y se concentra en los incendios en la red vial de propiedad provincial. Esto trae consecuencias que profundizan el daño ambiental: la apertura de caminos provoca irremediables cambios de uso del suelo en la zonas de alto y mediano valor de conservación de los bosques nativos; atenta contra la conectividad de los paisajes y afecta corredores biológicos que sustentan la biodiversidad; provocaría la desaparición de casi 280.000 hectáreas de bosque circundante a los caminos", amplía.

Precisamente, sobre la citada resolución, los especialistas deslizan la posibilidad de una maniobra tendiente a avanzar en obras que ya han generado resistencia en la ciudadanía. 

"Está direccionada a eliminar más cobertura vegetal autóctona bajo pretexto de mejorar la circulación de vehículos de combate del fuego. Específicamente autoriza el desmonte en el área comprendida por los caminos de la red vial de la provincia en las zonas categorizadas como de alto y medio valor de conservación conforme mapa de la Ley N° 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. De cumplirse la resolución 227 se afectarán aproximadamente 276.359 hectáreas de zonas rojas y amarillas de bosque nativo", advierten.

Finalmente remarcan la falta de voluntad por aplicar las existentes leyes "que hubieran limitado el accionar inescrupuloso de incendiarios en los últimos años". Entre ellas, la Ley Nacional y la Ley provincial de Manejo del Fuego. 

"El gobierno provincial se ha destacado por la falta de decisión en cuanto a la aplicación de infracciones y sanciones a grandes productores y referentes de los negocios inmobiliarios; tampoco ha promovido con intencionalidad planes de conservación y manejo de bosques como lo manda la Ley 9814, ni la restauración de los ecosistemas incendiados", finaliza el documento.

Carta abierta

Por otra parte, representantes del sector publicaron una Carta abierta al Gobierno de Córdoba por los reiterados incendios.

La misma circula por la plataforma Change.Org y ha recolectado ya más de 7500 firmas. Entre ellas, las del abogado Darío Ávila, el biólogo Fernando Barri, la comunicadora Melina Dassano, el fotógrafo Guillermo Galliano, el biólogo Federico Kopta y el actor José Luis Serrano.

"Los abajo firmantes, integrantes de organizaciones sociales, académicas y culturales, hacemos un llamado a las autoridades del Gobierno para que tomen una serie de medidas que permitan reducir la ocurrencia de futuros incendios en este año y los siguientes; como también garantizar que parte de las consecuencias que provocan estos incendios sean mitigadas", señala la carta.

Entre tales medidas se destaca la de prohibir el ingreso de personas, cría de ganado o construcciones en las áreas recientemente incendiadas.

También la de "realizar modificaciones en el Plan Provincial de Manejo del Fuego, debiendo garantizarse la debida participación ciudadana contemplada en la ley Nacional del Sistema Federal de Manejo del Fuego"..

Además plantea la necesidad de "invertir en planes de educación ambiental a nivel formal en todos los niveles educativos, e informal a diversos sectores de la población. También es necesario trabajar con los productores rurales para que desistan de utilizar el fuego como método para el rebrote de pasturas". 

El texto también se adelanta a la discusión sobre la necesaria reactualización del Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Provincia, la cual registra ya una demora de cinco años respecto de los plazos legales.

"Actualizar el mapa de zonas rojas y amarillas de la Ley Provincial 9814 de bosques nativos, a los fines de establecer espacialmente las áreas protegidas que fueron afectadas por los incendios y realizar un control efectivo de que no se produzcan cambios en el uso del suelo. A su vez, Municipios y Comunas deberán incorporar en su normativa las zonas rojas y amarillas establecidas por la ley 9814 para no otorgar cambio de uso del suelo", plantea.

En paralelo, apunta al rol de la Justicia, actor indispensable que no ha cumplido su rol:  "Demandar al Ministerio Público Fiscal la persecución de los delitos. Los fiscales deben investigar las causas y el origen de los incendios, así como velar por el  cumplimiento de la Ley Federal de Manejo del Fuego que prohíbe el cambio de uso del suelo luego de un incendio".

Finalmente, solicita revocar la Resolución Nº227 de la Secretaría de Ambiente "por su carácter inconstitucional".