Mientras incendios forestales continúan consumiendo miles de hectáreas de bosque cordobés un postergado debate parece tomar calor. En la agenda parlamentaria del año aparece nuevamente la Ley de Ordenamiento Territorial De Bosques Nativos y Regulacion de Bosques Exóticos de La Provincia de Cordoba. Es decir, la mentada Ley de Bosques, que está sujeta a revisiones y eventuales cambios cada cinco años.

Hace escasos días venció el segundo plazo para que la Provincia presente un mapa ambiental adecuado, según lo dispuesto por la ley nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos (26.331).

Este trámite debe realizarse obligatoriamente cada cinco años, como paso previo a cualquier modificación. Sin embargo la Provincia no lo ha cumplido desde la sanción de aquella Ley de Bosques, en el 2010. La morosidad no sólo tiene consecuencias administrativas. En el interín se reedita la puja en torno a la protección de los suelos y las especies autóctonas.

Dos modelos en pugna

El gobierno provincial ya había impulsado una readecuación de la norma en el año 2016. La letra de la actual ley no satisface a los actores principales que pugnan por un cambio.

Mientras los ambientalistas proponen una mayor protección de tierras, atentos a la pérdida de más del 95% del bosque nativo en 120 años, entidades rurales piden que se amplíen las zonas habilitadas para intervenciones controladas.

Las zonas en puja se ubican hacia el norte y noroeste de la provincia. Pequeños productores rurales piden que se aplique un modelo que permita alimentar sus ganados en regiones donde actualmente no se permite, sin afectar significativamente los suelos. Para especialistas, es imposible un cambio en el perfil productivo de las tierras sin más pérdida de especies.

La Provincia recogió las inquietudes en el proyecto que impulsó hace cuatro años. Sin embargo ong´s y los mismos especialistas advirtieron que el cambio se ajustaba a los pedidos de los ruralistas. "Implica una pérdida de más de la mitad de las zonas actualmente protegidas", advertían entonces.

La iniciativa no llegó a completar su recorrido. Las masivas protestas en las calles y las fisuras en el bloque de Unión por Córdoba obligaron a su postergación. Un amparo que evitó la realización de una sorpresiva asamblea en Villa de María de Río Seco selló aquella partida.

Ni los incendios

Sin embargo, los aspectos centrales de aquel proyecto no han sido desechados. Opositores y ambientalistas temen que el nuevo texto sea aún más concesivo respecto de los desmontes. La presión de entidades agrarias, advierten, es aún más fuerte.

"No los detienen ni los incendios. Por el contrario, aseguran que los incendios forestales pueden morigerarse con el nuevo modelo, que implica menor cantidad de vegetación de altura. Si accedemos, nos quedará un 2% de bosque nativo, con la mitad de las hectáreas actualmente protegidas", señalaron fuentes confiables a este medio.

"Muchos de los focos que arden estos días se han producido en la zona noroeste. Allí hay presión de productores y entidades rurales. En esos suelos ahora lo más sencillo será el brote de vegetación fresca, ideal para alimentar ganado", añadieron las mismas voces.

Ilegal

Fuentes parlamentarias consultadas por cba24n admitieron que el tema será parte de la agenda legislativa 2020, aunque aún no aparece en las páginas inmediatas.

Desde el oficialismo aseguran que el tratamiento deberá guiarse por el consenso. Desde la oposición destacan que la llave para activar la discusión está en manos del gobernador Schiaretti, quien tiene mayoría absoluta en la Unicameral.

"Nosotros tenemos objeciones jurídicas y legales que venimos planteando desde 2015. El Gobierno se niega a llevar adelante el procedimiento legal, que dice que la actualización debe hacerse a través de un proceso participativo. El Gobierno tiene que convocar a todos los actores sociales que tengan algo para aportar en el debate. Pero pretende trasladar el debate a la Legislatura, algo que no prevé la ley", advierte el abogado Darío Ávila.

En diálogo con Canal 10 el referente ambientalista ratificó que sectores del ruralismo cordobés presentaron una propuesta de reforma de la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo. La misma contempla una reducción de las 300 mil hectáreas definidas como "zona roja" para iniciar intervenciones. "Es decir, ganadería integrada e intensiva", precisa.

"Si hay reducción de zonas protegidas será ilegal. Hay un principio del derecho ambiental que tiene por objeto la preservación del bosque nativo. Es el principio de progresividad y no regresión. Eso significa que si Córdoba, al momento de ordenar sus bosques, en 2010, determinó que había zonas de alto valor de conservación, esas zonas no pueden reducirse. Si hay intención de reducir el nivel de protección será algo inconstitucional", sentencia.