La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir expresó su preocupación por el estado de salud de la nena, que fue obligada a cursar el embarazo consecuencia de una violación a pesar de que solicitó la interrupción desde que ingresó al sistema de salud público. 

La nena es oriunda del departamento El Carmen, a unos 37 kilómetros de San Salvador de Jujuy. 

De acuerdo a la información a la que pudieron acceder las integrantes de la ong, la niña ingresó al Hospital Materno Infantil Héctor Quintana de la capital jujeña al menos hace una semana y ya cursando un embarazo avanzado en su segundo trimestre.

En la provincia existen efectores de salud garantes del acceso a la ILE y que podrían haber dado una respuesta inmediata a la situación

Sin embargo, se ignoró el pedido de la niñas, se dilató la resolución del caso y eso generó una maduración fetal.

La Red de Profesionales difundió un comunicado en el que se indicó que la Dirección Nacional de Salud Sexual ofreció resolver de forma inmediata la situación, preservando la salud física y emocional de la niña. Entre las alternativas estuvo trasladarla a otra provincia para practicar la interrupción.

No obstante, las autoridades a cargo del Ministerio de Salud de Jujuy desestimaron la propuesta y decidieron no garantizar el derecho a la ILE. 

A continuación se le realiza a la niña, el domingo pasado, una microcesárea,

Según observa la trabajadora social Marina Ariza, integrante de la ong que denuncia, se toma esta decisión aún con "el altísimo riesgo obstétrico y vital que corre una niña embarazada siendo menor de 13 años" sumado a las consecuencias psicoemocionales que podrían generarle "el dar a luz algo que ha sido impuesto violentamente sobre su cuerpo y su vida.

Ariza señaló que la mayoría de los trabajadores del Hospital Materno son objetores de consciencia y que por ese motivo siempre se convocaba a la Red, pero "en este caso nunca nos convocaron y lo que decidieron hacer es dilatar los tiempos y obstaculizaron el acceso a la ILE".

Jujuy está adherida al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo y además, desarrolló un protocolo específico junto a Unicef en el que se establece el derecho a la ILE para los embarazos en niñes y adolescentes menores de 15 años.

Esta niña no cuenta con adultos que la acompañen, dado que existe una situación judicial entre sus progenitores. Actualmente está bajo responsabilidad de la Defensoría de Menores, por lo que el Estado "resulta su adulto referente",agrega Ariza.

La Red repudió que no se contemplen "los padecimientos de las niñas abusadas, que en manos de quienes deberían protegerlas de las desigualdades ya reinantes en sus vidas, las perpetúan siniestramente, abusándolas también desde el Estado".

Este caso remite a otro muy parecido ,de una niña violada , ocurrido en enero de 2019, en la localidad de San Pedro, que solicita junto a su familia la ILE , y que finalmente fué sometida a una cesárea.