En  nuestro país y en el mundo, el embarazo adolescente no planificado sigue siendo una problemática difícil de contener y la política sanitaria y educativa no está a la altura de las circunstancias. La afirmación se confirma cuando se entiende que en nuestro país, cada 3 horas una adolescente entre 10 y 14 años se convierte en madre.

El Código Civil reconoce a niños/as y adolescentes como titulares de sus derechos y una capacidad progresiva para ejercerlos con autonomía, de acuerdo a su madurez y posibilidad de comprensión, por ejemplo, para tomar decisiones relativas al cuidado de su cuerpo y de su salud. 

Los y las adolescentes tienen derecho a:

-Gozar de una vida sexual plena, saludable, placentera, sin riesgos para su salud, sin embarazos no previstos, sin violencia, coerción o abusos;

-Elegir, sin presiones, si quieren iniciar su vida sexual, decidiendo cuándo, cómo y con quién, o si por el contrario prefiere esperar para tener su primera vez;

-Solicitar y que se les brinde toda la información necesaria para tomar sus propias decisiones sobre su vida sexual y reproductiva, eligiendo si prefieren prevenir un embarazo por el momento o si quieren tener hijos/as;

-Utilizar métodos anticonceptivos y para prevenir infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA;

-Concurrir a un servicio de salud para solicitar información sobre métodos anticonceptivos, y que los/as trabajadores/as de la salud les provean información clara, precisa y actualizada para acompañarlos/as en la toma de sus propias decisiones, sin rechazos ni obstáculos como solicitarles la autorización o acompañamiento de sus padres o madres;

-Recibir el método anticonceptivo, elegido con el asesoramiento del profesional, en forma gratuita;

-Recibir anticoncepción hormonal de emergencia en caso de haber tenido una relación sexual sin protección o haber sido víctima de violación;

-A que se le realice una interrupción legal del embarazo (ILE) en caso de cursar un embarazo producto de una violación, sin demoras, ni obstáculos y cuidando la confidencialidad;

-A pedir y recibir ayuda especializada si están en un noviazgo violento o si son víctimas de algún tipo de violencia;

-A recibir atención médica en una situación post aborto (no importa si fue espontáneo o provocado), en forma inmediata y confidencial;

-A recibir Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, en todos los niveles, ya que es una oportunidad para promover aprendizajes en materia de prevención, de promoción de la salud y de ejercicio de derechos, así como de reflexión crítica sobre la igualdad de género, el derecho a la diversidad y a una vida libre de violencias;

-A que la escuela facilite la continuidad de sus estudios si están cursando un embarazo o si ya son madre o padre;

-A recibir atención médica de calidad si están embarazadas, sin ser discriminadas por su edad, garantizando el buen trato, que estén acompañadas en el momento del parto, y que reciban asesoramiento sobre el método anticonceptivo más adecuado en ocasión post parto.

Las acciones del sector salud y del ámbito de la educación destinadas a adolescentes deben estar orientadas hacia la promoción de un acercamiento positivo y respetuoso a la sexualidad y a la posibilidad de vivir experiencias sexuales placenteras, seguras, saludables, que prevengan embarazos no planificados, sin coacción, sin violencia ni discriminación, en acuerdo a la singularidad e identidad de cada uno/a.