La diputada Mónica Macha y su compañero de banca Eduardo Valdés solicitaron explicaciones al Opus Dei sobre su modalidad de funcionamiento en el país. Unas 43 exnumerarias denunciaron a la organización en el Vaticano por haber sido reducidas a la servidumbre por la organización.

El proyecto pretende que la Cancillería pida explicaciones a la organización católica.

Un segundo proyecto de resolución presentado por los mismos legisladores propone que el Congreso Nacional exprese “su preocupación por la situación” de estas mujeres que “han denunciado a la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei”, y que habría ocurrido en instituciones que la obra tiene en el país, entre 1976 y 2016.

Los numerarios son laicos que viven bajo compromisos de castidad, pobreza y obediencia en residencias o centros de la institución del Opus Dei. Sostienen a la organización a través del trabajo o aportes económicos. Según las denunciantes, ellas han trabajado por décadas sin ningún tipo de paga, fueron obligadas a autoflagelarse, engañadas, privadas de su libertad, del contacto con sus afectos y de su documentación, habiendo comenzado esta situación cuando todavía eran menores de edad.

A un año de haberse presentado la denuncia, en julio pasado el papa Francisco decidió aumentar los controles sobre el Opus Dei, al ingresarlos por decreto en el organigrama de la Curia romana y de esa manera obligarlos a presentar un informe anual de sus actividades.

El proyecto de Macha y Valdés dice que las denunciantes “habrían sido reclutadas siendo menores de edad, con el pretexto de brindarles una educación superior por parte de dicha institución, cuando el único objetivo habría sido hacerlas trabajar gratis y durante años como empleadas domésticas de la institución mencionada”. 

Por eso, “su escolarización habría sido parcial o nula” y, en todo caso, cuando hubo instrucción ésta habría tenido lugar “en escuelas de tareas domésticas que tenía la organización, donde les enseñaron a limpiar, cocinar, planchar y el resto de los asuntos de la casa” para después pasar a desempeñar esas actividades de manera gratuita en propiedades del Opus Dei.

La iniciativa recuerda que las mujeres denunciaron que se “les imponía el uso de mortificación corporal tales como el cilicio (cadena o cinturón metálico dotado de puntas que se ata firmemente al muslo para causar dolor, dejando marcas visibles), la disciplina (especie de látigo con el que se flagelaban los glúteos) y baños de agua fría”. 

“Además, no poseían llaves de la casa en la que se encontraban, no tenían acceso a medios de comunicación, no podían salir solas a la calle, trabajaban a destajo sin horario, no tenían días de descanso entre otras privaciones”, sostienen. Agregaron que “esto les causó una espiral de angustia y depresión en algunas de ellas. Otras sufrieron daños físicos. Otras, según sus dichos, habrían intentado suicidarse”.