Mediante un comunicado, el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos y la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba expresaron su repudio a la represión estatal que se vivió en Colombia.

El texto denuncia que la reforma tributaria que generó las movilizaciones "es una más de una gran cantidad de decisiones y actuaciones neoliberales que tienen sumida a Colombia en una profunda crisis social, económica y política".

Además, las organizaciones denuncian "el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales; el uso de glifosato de manera indiscriminada sobre comunidades rurales y urbanas; la Reforma de Salud y el incumplimiento de los acuerdos de paz firmados en La Habana".

Por otro lado, el texto asegura que las movilizaciones también se dieron por la desfinanciación de la educación pública, el alto nivel de desempleo y una política fiscal que favoreció los grandes conglomerados financieros en el país.

"La respuesta estatal fue la más cruda y salvaje represión. Diversas organizaciones de Derechos Humanos colombianas e internacionales denuncian que, entre el 28 de abril y el 4 de mayo, hay un saldo de más de 30 muertos, más de 1300 casos de violencia por parte de la policía, 761 detenciones arbitrarias, 216 intervenciones violentas a manifestaciones, 17 víctimas de lesiones oculares por disparos en los ojos, 56 casos de disparos con arma de fuego, 319 denuncias por desaparición en el contexto de violencia y 9 casos de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública", expresa el comunicado.

Y exige: "Justicia por todxs las víctimas de las Fuerzas de Seguridad en el marco de las protestas sociales entre fines de abril y principios de mayo de 2021. Exigimos a la OEA y a los órganos del Sistema Regional de Protección de los DDHH que actúen frente a un Estado que reprime y mata a su propio pueblo".