Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quién es sindicado como uno de los presuntos operadores judiciales del gobierno anterior de Mauricio Macri, solicitó este lunes asilo político como "refugiado" en Uruguay.

El exfuncionario de Cambiemos, lo hizo mediante una extensa carta en la que dijo sentirse perseguido y mediante la que plantea estar amparado bajo "los términos de la Convención de Ginebra y otras normas internacionales".

Rodríguez Simón, actual parlamentario del Mercosur, anticipó que no volverá a la Argentina "hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad", aseguró.

"Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, con la colaboración del abogado Carlos Beraldi, me denunciaron por mi participación como asesor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", aseguró.

Argumentos

En el escrito presentado por Rodríguez Simón para pedir asilo político, asegura que la denuncia que realizó años atrás contra el Grupo Indalo, fue “con la intención de que los concesionarios del juego pagaran el impuesto a los Ingresos Brutos que adeudaban desde 2003".

“Mi acusación se trata de un proceso plagado de irregularidades procesales, en el que se me imposibilitó ejercer mi derecho a defensa en juicio", afirmó

En el final del escrito, Rodríguez Simón asegura que "mi detención, por ilegítima que fuera, permitiría que estos poderosos empresarios íntimamente vinculados al Gobierno, repararan simbólicamente su impunidad. No hay nada grato en el exilio, nada".

La causa

La causa contra Rodríguez Simón comenzó en 2019 cuando los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López denunciaron presiones para vender el Grupo Indalo a figuras cercanas al gobierno de Cambiemos y señalaron a "Pepín" Rodríguez como quien se reunió con ellos exigiéndoles pagar más impuestos para presionarlos.

La jueza federal María Romilda Servini lleva adelante una investigación contra Rodríguez Simón, por su presunta participación en un proceso en el que se habría presionado a los accionistas del Grupo Indalo para forzar el desprendimiento de sus empresas y lograr que sus medios, Radio 10 y C5N, modificaran su línea editorial en favor del expresidente Mauricio Macri.

La magistrada dispuso a fines de marzo prohibir la salida de Rodríguez Simón del país, al entender que existe "un riesgo concreto de parte del imputado, no sólo de poder sustraerse del accionar de la justicia, basado en los contactos que tiene en los distintos estamentos de poder, y el arraigo en el exterior del país, sino también su intento de entorpecer en su momento el trámite de este expediente"

En el marco de esa investigación, el exfuncionario de Cambiemos está citado a prestar declaración indagatoria el próximo 26 de mayo.