Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional Córdoba emitieron un comunicado pidiendo al Gobierno provincial que haga cumplir las medidas sanitarias para combatir la pandemia y repudiando la decisión del Arzobispado de Córdoba de negarse a cumplir algunos de los protocolos.

“Exhortamos al Gobierno provincial a reforzar los esfuerzos para hacer cumplir las medidas de distanciamiento y aislamiento social, preventivo y obligatorio recientemente dispuestas por el Gobierno nacional y el Gobierno de la Provincia de Córdoba”, indica el escrito en su primer párrafo.

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“Ante un escenario de desborde del sistema sanitario provincial, con una ocupación de más del 76% del total de camas criticas Covid-19, recordamos que todas las personas, sin excepción, tienen el derecho a cuidados que les salven la vida y esta responsabilidad recae en los Gobiernos. Esta atención medica es un derecho humano, como fuera ratificado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, continúa el comunicado.

Repudio a la determinación de la Iglesia

Con respecto al comunicado emitido ayer por el Arzobispado de Córdoba, calificaron de “irresponsables las declaraciones del Monseñor Carlos Ñañez". “Ante las declaraciones del arzobispo de Córdoba donde manifiesta ‘no acompañar esas medidas, que estimo exageradas’, la APDH regional Córdoba manifiesta su más enérgico repudio”.

“En la situación en la que nos encontramos, en medio de una pandemia que, solo en la Provincia de Córdoba, ya se ha llevado la vida de más de 700 personas, las declaraciones del arzobispo de Córdoba son de una irresponsabilidad mayúscula y están en línea con una campaña concertada que busca debilitarnos como sociedad”, indicaron desde la APDH.

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“Le recordamos a monseñor Carlos Ñañez que recientemente se dio un brote de coronavirus tras una misa en la parroquia Natividad de María en la localidad cordobesa de Justiniano Posse, tras lo cual al menos 16 personas dieron positivo de Covid-19 y alrededor de mil vecinos quedaron aislados de manera preventiva”, amplía la comunicación.

Sobre ese caso en particular, recordaron que la Justicia Federal está investigando dos cuestiones: “si efectivamente se cumplieron los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia y si el sacerdote que brindó la misa promovió quitarse los barbijos”.

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“Miles de trabajadoras y trabajadores arriesgan su propia salud y la de sus familias para atender –en todos los niveles– la emergencia sanitaria que nos ocupa, y somos millones las argentinas y argentinos que nos responsabilizamos y cumplimos con las normas de cuidado indispensables para evitar el colapso del sistema”, cierra el comunicado.