Esta semana, se empezó a compartir en redes sociales un desesperado pedido para evitar que se haga efectiva una orden de desalojo contra Agustina Tolosa, campesina de 70 años que vive y trabaja desde hace casi dos décadas en un terreno ubicado en la zona de El Talita, en Salsipuedes.

Según relata la mujer, ella recibió ese terreno hace 18 años por parte del ex intendente de Salsipuedes, Facundo Torres, porque en el lugar donde vívia, en barrio Villa Sol, no tenía espacio suficiente y los animales molestaban a los vecinos.

Desde entonces, Tolosa ejerce la posesión pacífica, pública y continua de esta propiedad, donde además de habitar y trabajar la tierra, paga los servicios y los impuestos correspondientes para que se reconozca su derecho posesorio, conforme a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial.

La Ley 9.150 establece que “hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no”. En otras palabras, legalmente, la posesión implica tener un terreno o vivienda y actuar como dueña, a pesar de no tener la escritura pública inscripta en el Registro de la Propiedad. Para ello, la persona debe realizar “actos posesorios” como cuidar el terreno y habitarlo pacíficamente, como lo viene haciendo Agustina.

"Me gustaría seguir criando animales. Es la vida de uno, es una terapia que uno hace con los animales", expresa Agustina (Imagen: Ezequiel Luque).
"Me gustaría seguir criando animales. Es la vida de uno, es una terapia que uno hace con los animales", expresa Agustina (Imagen: Ezequiel Luque).

Sin embargo, en el año 2016, una familia de apellido Cardozo se presentó en la Justicia argumentando que habían heredado una posesión de los mismos terrenos y lograron que la Justicia dicte un desalojo para este martes 6 de julio.

“Agustina tiene un grado de discapacidad al hablar y no se presentó al juzgado en tiempo por desconocimiento, y, al ser zona rural, nunca le llegaban las notificaciones en tiempo y forma; por ende, el juez la considera en rebeldía y dictamina que se tiene que ir”, explican desde su entorno.

La sentencia del juez Eduardo Benito Bruera no sólo afecta a Agustina, sino también a su hija y a su nieta, que viven en otra vivienda construida en el mismo terreno. Ellas se mudaron allí luego de perder todas sus pertenencias en las inundaciones del 15 de febrero de 2015 y recibir por parte del Gobierno de Córdoba un aporte para que construyan su vivienda en este mismo lugar, que ahora la Justicia afirma que no es de ellas.

Agustina junto a su hija Silvia, que perdió su casa en las inundaciones de 2015. (Imagen: Ezequiel Luque/SRT)
Agustina junto a su hija Silvia, que perdió su casa en las inundaciones de 2015. (Imagen: Ezequiel Luque/SRT)

"Es una lucha para una mujer sola, porque cuando uno tiene algo se entusiasma. Tengo conejos, gallinas, patos, ganzos, chancho (...) Me gustaría seguir criando animales. Es la vida de uno, es una terapia que uno hace con los animales, y tengo una pequeña quinta que siembro para comer lo que yo quiera", relató Agustina a las cámaras de Canal 10.

Y concluyó: "Quiero luchar por este campo. Amo la vida y el campo, y quiero que a cualquier mujer que viva sola, la defiendan, no que le echen tierra para que se vaya muriendo. Yo voy a luchar acá hasta el último momento".

Organizaciones sociales y campesinas convocan a acompañar a Agustina el próximo martes a las 9 en su campo ubicado en El Talita, al lado del predio Remar, a donde realizarán una olla popular.

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