Desde las últimas horas, los juzgados de todo el país tienen la orden de comenzar a analizar diversos mecanismos de detención para el caso de presos que integren grupos de riesgo, en medio de la pandemia declarada por el coronavirus.

Fue la Cámara de Casación Penal la que emitió un dictamen, siguiendo una reciente comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la idea de “garantizar la salud y la integridad” de todos los internos y de sus familias.

Puntualmente, pide “evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas” en los casos de presos de edad avanzada o con enfermedades crónicas, además de quienes están próximos a cumplir su condena, pero también apunta a mujeres embarazadas o con niños a su cargo.

Las opciones, en tal sentido, son desde la libertad condicional, el arresto domiciliario hasta la libertad anticipada. Evitar el hacinamiento es otra de las grandes cuestiones.

Recientemente, en Buenos Aires se le otorgó la domiciliaria a una mujer condenada por vender drogas al narcomenudeo. Estaba detenida hacía dos años, pero había sufrido cáncer, y su hijo de 9 años quedó al cuidado de una hermana, que es menor de edad.

A este tipo de excepcionales se apunta. Se sabe, a su vez, que posiblemente se multipliquen las solicitudes de represores, aunque hasta ahora los pedidos de Miguel Etchecolatz en adelante fueron denegados.