El fiscal José Mana que instruye la causa principal por el asesinato de Valentino Blas Correas (16) ocurrido en la madrugada del 6 de agosto de 2020, pidió la elevación a juicio del caso que conmovió al país.

Dos policías están imputados como coautores de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales”, mientras que los once restantes están acusados de ser parte de la trama de encubrimiento del crimen, con la comisión de diversos delitos.

Alejandro Pérez Moreno, abogado querellante, dijo este martes a cba24n.com.ar que desde la fiscalía confirmaron a la familia el fin de a investigación. "Se confirma la elevación a juicio, lo que para nosotros es la otra cara de la moneda de la justicia", dijo el abogado, en referencia al pedido de sobreseimiento del ex comisario Gonzalo Cumplido, ocurrida el lunes. 

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Se trata "de la causa principal que se lleva en contra de quienes ejecutaron a Blas Correas por la espalda, y todos aquellos tramos antes, durante e inmediatamente después en donde se vieron uniformados que participaron con acciones u omisiones tendientes a encubrir y a desviar la investigación y hasta incluso, en algunos de sus accionares como plantar un arma , fue no solamente para engañar y desviar la investigación del fiscal, sino también para ensuciar a estos pobres adolescentes que solamente estaban ese día para divertirse", indicó Alejandro Pérez Moreno, representante de la familia de Blas.

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El fiscal Mana calificó al crimen como un hecho de “violencia institucional”, ya que involucra a muchos uniformados, algunos de ellos de alto rango, que desempeñaron un rol estratégico en la trama de encubrimiento del homicidio. 

El subcomisario Sergio Alejandro González, la agente Wanda Micaela Esquivel, la oficial Yamila Florencia Martínez, el comisario inspector Walter Eduardo Soria, el subcomisario Enzo Gustavo Quiroga y el comisario inspector Jorge Ariel Galleguillo están imputados de “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente" (el homicidio), y de “omisión de deberes de funcionario público” por no haber avisado, individualizado y detener a los dos que dispararon.  

Por último, el cabo Leonardo Alejandro Martínez, el agente Rodrigo Emanuel Toloza, el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez y cabo Leandro Alexis Quevedo, llegan al juicio imputados por “falso testimonio” y “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente”.

El comisario inspector Juan Antonio Gatica está incluido en esta elevación a juicio por “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional”.

Cabe aclarar que en esta parte no se juzgará a los tres civiles, empleados de la clínica Aconcagua, que están imputados por abandono de persona. 

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Violencia institucional y derechos humanos:

Según el análisis del fiscal Mana, la gravedad del homicidio y su posterior encubrimiento configuran un hecho de ”violencia institucional” perpetrado por efectivos de la Policía de la Provincia. “Lo expuesto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad como sociedad de generar una profunda transformación en las fuerzas de seguridad”, dice Mana en el expediente, agregando que "nuestra forma de gobierno nos exige que se democraticen y se formen (los policías) de manera integral con una perspectiva anclada en los derechos humanos”.

Con información de Jorge Vasalo, Multimedio SRT, La Voz