El ex juez federal salteño José Antonio Solá Torino, condenado a seis años de prisión en 2016, por cobrar una coima para beneficiar a un narcotraficante, fue encontrado muerto de un balazo esta madrugada y se investiga la posibilidad de un suicidio cuando iba a ser detenido para que cumpla la condena en un penal, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue ordenada por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de rechazar un recurso de queja presentado por su defensa para que Solá Torino pueda estar en su domicilio cumpliendo lo que le quedaba de pena detenido en su domicilio.

Los informantes contaron a Télam que el hecho ocurrió en los primeros minutos de hoy, luego de emitida la resolución del Tribunal Oral Federal 1 de Salta, de ordenar la inmediata detención de Solá Torino, para lo que se libró un oficio a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El tribunal actuó por pedido del fiscal federal general Carlos Amad, y le otorgó a la fuerza facultades para allanar el domicilio del exjuez y usar la fuerza pública en caso de ser necesario, al tiempo que ordenó su alojamiento en el Complejo III NOA del Servicio Penitenciario Federal, en la localidad salteña de General Güemes, a 55 kilómetros de Salta Capital.

Los efectivos de la PSA llegaron a la casa del exjuez, encontraron todo oscuro, por lo que golpearon la puerta, pero nadie les atendió y debieron consultar con el juez del Tribunal Oral Federal 1, Federico Díaz, y Amad, quienes los autorizó a hacer uso de la fuerza pública.

Al ingresar, los policías escucharon la detonación de un arma de fuego en un piso de arriba de la vivienda, por lo que subieron de inmediato y encontraron a Solá Torino ya sin vida.

En el año 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, condenó al exmagistrado a la pena de seis años de prisión, por ser considerado autor penalmente responsable del delito de cohecho pasivo agravado.

En ese proceso oral y público también fueron condenados Héctor Salazar, Graciela Ferreyra y Gabriela Vázquez, recibieron una pena de tres años de prisión y una multa de 30.000 pesos para cada uno, por ser considerados "partícipes necesarios" de "cohecho activo". En tanto, el sindicado narcotraficante Miguel Farfán, que al momento del juicio estaba prófugo pero luego fue detenido, fue declarado en rebeldía ya que no se sometió al proceso.