La Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación solicitó a la empresa concesionaria del Zoológico de Córdoba que remita un inventario actualizado de los animales alojados en ese predio y un informe sobre su estado actual. 

El tribunal también requirió a la firma Concesionaria Consultora e Insumos Agropecuarios SA que informe si está previsto trasladar a algún ejemplar a otro zoológico, reserva o santuario (y, en particular, que explique la situación del oso pardo y de los grandes felinos); y que describa la situación de las especies animales rescatadas del tráfico ilegal de fauna por la Policía Ambiental de la Provincia. 

Esta decisión se adoptó en el marco del amparo ambiental presentado por la Fundación sin Estribo, la Fundación Ventana de Luz, la Fundación ADMA (Amigos del Mejor Amigo), la Asociación Civil Mesa de Proteccionistas de Animales y la Fundación Natura que, entre otros puntos, pretende la confección de un programa de enriquecimiento ambiental que permita alcanzar un nivel óptimo de bienestar animal y ambiental en el zoológico.

Además, la resolución solicita a la Municipalidad de Córdoba, entre otras cuestiones, que informe acerca de las acciones realizadas en el marco del Programa Municipal de Tenencia Responsable de mascotas, desde el año 2019 y hasta la fecha; como así también que detalle la situación del Programa de Reproducción Controlada, Castraciones y Tenencia Responsable.

La decisión del tribunal también requiere a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba datos sobre las condiciones ambientales del zoológico e un inventario actualizado de las especies introducidas en resguardo, con motivo de las acciones de prevención y represión del tráfico ilegal de fauna. 

También pide que especifique si realiza aportes o financiamiento de los gastos de mantenimiento de los ejemplares ingresados al Zoológico de Córdoba en virtud de la actividad de la policía de prevención y represión del tráfico de fauna silvestre autóctona y exótica.

En la resolución, la camarista Inés Ortiz de Gallardo expresó: “El acceso a la información pública ambiental tiene como propósito coadyuvar a que los integrantes de la sociedad ejerzan eficazmente el derecho a saber el concreto estado de funcionamiento y conservación de las acciones de enriquecimiento ambiental que se están pudiendo llevar a cabo en el Jardín Zoológico de Córdoba, por la razón de tratarse de un bien que pertenece al dominio público municipal y se encuentra concesionado, pero sin embargo, integra el concepto de bien colectivo”. 

En atención a la vigencia del servicio de justicia en la emergencia sanitaria, el tribunal dispuso que prueba informativa podrá ser formalizada digitalmente, mediante la remisión de documentos electrónicos, que serán adjuntados al expediente electrónico en el Sistema de Administración de Causas (SAC).

“Toda aquella información que requiera de acciones presenciales de los funcionarios que deban producir los informes técnicos, deberá ser puesta en conocimiento del tribunal para habilitar los plazos administrativos que estuvieren suspendidos, a fin de facilitar el cumplimiento íntegro de los informes requeridos, sin dilaciones”, concluye la resolución.