El Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES), solicitó la elevación a juicio contra cinco organizadores de un evento masivo desarrollado en el mes de julio del año 2020 en un predio ubicado en la avenida José María Eguía Zanón a la altura del 9630 de Barrio Villa Warcalde de la ciudad de Córdoba.

Allí se produjo la violación de las medidas sanitarias vigentes en dicho momento, en razón de la pandemia de Covid 19.

Los imputados son cuatro sujetos que habitualmente se dedican a realizar espectáculos públicos en la ciudad capital -tres de los cuales integraban una sociedad de responsabilidad limitada  y un relacionista público- y un reconocido DJ, todos ellos imputados por el delito de violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de la epidemia.

Del evento, que convocó a casi 300 personas, participó un importante DJ que cobraba un porcentaje de los ingresos percibidos por el pago de las entradas

En el lugar se pudieron advertir diversas infracciones a las normas sanitarias: las mesas dispuestas para el público se encontraban ocupadas por más de ocho personas -las que permanecieron allí sin distanciamiento social- prescindiendo del uso de tapaboca, sin la debida provisión de alcohol en gel u otro sanitizante a su alcance para permitir la higienización regular de manos.

Se observó también un flujo desordenando de circulación de personas debido a la ausencia de señalética en el lugar, lo cual desencadenó la aglomeración de las mismas y tampoco se restringió el acceso a las áreas de juegos del predio, lo que derivó en que los menores de edad hicieron uso de los mismos, todo ello en infracción de las medidas sanitarias.

Luego de la pesquisa que incluyó la realización de diversas medidas probatorias, destacándose en particular el allanamiento de las viviendas de los imputados y del predio donde se realizó el evento, se pudieron colectar diversos elementos de utilidad para la investigación, logrando secuestrarse los dispositivos electrónicos utilizados por los organizadores, de cuyo análisis se pudo determinar que los imputados planearon la realización del evento con antelación y sin la menor intención de acatar las disposiciones nacionales y provinciales.

Además, violaron los protocolos del COE establecidos para regir la actividad que desarrollaban, priorizando de este modo el provecho económico que les significaría la realización del evento por sobre la salud pública.

Asimismo, las circunstancias mencionadas fueron puestas en conocimiento de las autoridades de la Inspección de Personas Jurídicas a los fines que evalúen la eventual pérdida de la personería jurídica de la sociedad como así también la disolución de la misma.