Diputados del bloque del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley para se ratifique como derecho humano y servicio de carácter universal el acceso a servicios de conectividad e Internet, en sus modalidades de banda ancha fija, móvil y satelital.

La iniciativa, impulsada por los legisladores Pablo Carro y Blanca Osuna, retoma aspectos centrales de la Ley 27078, conocida como Ley de Argentina Digital.

El texto, que lleva 29 firmas, contempla la centralidad que ha adquirido el acceso a los servicios de Internet en los últimos años, especialmente a partir de la pandemia del coronavirus.

"La Pandemia COVID 19 ha intensificado y priorizado en la agenda del desarrollo sostenible con equidad distributiva y oportunidad para todos y todas, la necesidad de superar las desigualdades estructurales y los problemas fácticos de conectividad y uso de Internet con una mínima calidad de servicio y tarifas justas y razonables", indica la fundamentación del proyecto.

En ese marco, se impulsa la creación del Plan Nacional de Conectividad, "a los efectos de coordinar y articular la planificación y ejecución de las distintas políticas y recursos públicos en materia de conectividad digital, con las inversiones de los distintos prestadores comerciales y sin fines de lucro que brindan servicios de conectividad e Internet, en sus modalidades de banda ancha fija, móvil y satelital en el marco de los principios del Servicio Universal".

El Plan Nacional de Conectividad tendrá como objetivos: garantizar la maximización de la cobertura geográfica, la accesibilidad a toda la población, la inclusión digital y la asequibilidad de paquetes de servicios esenciales determinados por la autoridad de aplicación", precisa la letra.

El proyecto contempla también el despliegue de puntos de wi fi de acceso gratuito, de gestión pública o privada, que funcionarán en oficinas públicas y/o lugares de interés público a determinar en cada ciudad del país, y/o en los establecimientos del sistema de educación formal de gestión pública, en sus distintos niveles, modalidades y jurisdicciones, en las bibliotecas públicas, centros culturales, museos, organizaciones sociales y medios de comunicación públicos, universitarios y de gestión social (comunitarios, cooperativos, de pueblos originarios).

Por otra parte, establece como prioridades a la hora de consecución de los objetivos a las siguientes instituciones: a) los establecimientos del sistema de educación formal de gestión pública, en sus distintos niveles, modalidades y jurisdicciones; b) las bibliotecas públicas, centros culturales, museos, organizaciones sociales y medios de comunicación públicos, universitarios y de gestión social; c) los estudiantes y docentes ubicados en áreas rurales, urbanas o periurbanas con dificultades para la garantía de recursos tecnológicos y de conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad.