Fue la postura de la propia Elisa Carrió, aliada con su Coalición Cívica a Cambiemos, la que de algún modo logró torcer el tratamiento del proyecto que busca introducir cambios en la regulación del financiamiento de partidos políticos, en la Cámara de Diputados.

Ahora, hay acuerdo para que el trámite legislativo comience en Senadores, y haya una votación el miércoles que viene. La introducción de parte del gobierno nacional en el temario generó sorpresa, y vía sesiones extraordinarias, la cuestión volvió a reflotarse.

Fue clave el dictamen favorable de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, pero fundamentalmente la voluntad de que el texto avance de parte del Poder Ejecutivo.

“Voy a votar en contra del aporte de empresas a los partidos políticos, de acuerdo con nuestra doctrina histórica, porque esto es lo que permite mantener la independencia para defender al pueblo”, sentenció Carrió vía redes sociales en su momento.

La dirigente le apuntó a una cuestión central de apertura del proyecto, en el que se trabaja vía Labor Parlamentaria, ya que se habilitaría a empresas a realizar aportes a partidos políticos en campañas electorales.

Según se aduce, el tope para los privados sería del cinco por ciento de los gastos permitidos para la campaña en cuestión.

Se sostienen las prohibiciones para gremios de trabajadores, empresas contratistas o concesionarias del estado nacional o provinciales, entre otros casos.