La Corte Suprema de Justicia de la Nación anunció su intervención en una demanda ambiental histórica contra el Estado Nacional y cuatro gobernaciones argentinas del Gran Chaco. Esta demanda, presentada en julio de 2019 por la organización ambientalista Greenpeace, busca abordar la deforestación de la segunda región boscosa más importante de Sudamérica, luego de la Amazonía.

La decisión del tribunal, comunicada oficialmente este jueves, pone fin a una larga espera, ya que la audiencia pública solicitada en 2022 para tratar este caso nunca fue convocada.

La demanda de Greenpeace se centra en la protección del hábitat del yaguareté, el felino más grande de América, que se encuentra en peligro de extinción debido a la pérdida de su entorno natural causada por la expansión de la agricultura y la ganadería. El caso involucra no solo preocupaciones ambientales, sino también intereses económicos y empresariales, ya que el desmonte de la región ha avanzado con la expansión de la agricultura y la ganadería en el norte argentino.

La decisión de la Corte lleva la firma de los cuatro jueces: Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Foto: Martín Katz/Greenpeace.
Foto: Martín Katz/Greenpeace.

Además, políticamente, las provincias demandadas son Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero, donde los gobiernos han sido criticados por su permisividad en relación con la deforestación para actividades como la producción de soja, ganadería y madera.

Greenpeace estima que en los últimos 24 años, se perdieron más de 6 millones de hectáreas de bosque nativo en las cuatro provincias del Gran Chaco, lo que equivale al 80% de la deforestación de Argentina. 

Se estima que solo quedan alrededor de 20 ejemplares de yaguareté en el país.

Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, expresó en 2022 la urgencia de tomar medidas para detener la deforestación en los territorios del yaguareté, ya que la especie se encuentra al borde de la extinción. La organización había solicitado una medida cautelar para suspender los desmontes en la región, pero hasta ahora no se había tomado tal medida.

Foto: Martín Katz/Greenpeace.
Foto: Martín Katz/Greenpeace.

La decisión de la Corte Suprema no solo tiene implicaciones ambientales, sino también políticas, ya que tres de los gobernadores de las provincias demandadas, Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), están alineados políticamente con distintos sectores del oficialismo y respaldaron el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte. El cuarto gobernador, Gustavo Sáenz, también apoyó la candidatura de Sergio Massa a la Presidencia.

La Corte declaró su competencia en el caso y pidió a las partes involucradas, incluyendo al Estado Nacional, la Administración de Parques Nacionales y las provincias, que presenten informes en respuesta a la demanda ambiental. La demanda busca garantizar la conservación de los bosques del yaguareté, y se les otorgó un plazo de 30 días para presentar sus informes.