Argentina apeló ante la Justicia de los Estados Unidos contra la sentencia emitida por un juzgado de Nueva York que la obliga a pagar 16.000 millones de dólares al fondo de inversión Burford Capital por la expropiación de YPF. La sentencia fue dictada por la jueza Loretta Preska, del distrito sur de Manhattan, el pasado 15 de septiembre, en el marco de la demanda presentada por el mencionado fondo de inversión en relación con la expropiación de YPF que tuvo lugar en el año 2012.

Esta apelación, que fue previamente anunciada por la vocera Gabriela Cerruti, argumenta que el desembolso exigido generaría "daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes", y señala que no tiene acceso al mercado de capitales para emitir un bono y depositar una garantía.

Ver: Argentina apelará el fallo de $16 mil millones por YPF de la jueza Preska

El abogado Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor y especialista en el juicio por YPF, informó que la defensa argentina apeló la sentencia definitiva ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, incluyendo todas las órdenes interlocutorias y fallos anteriores a esa sentencia. También mencionó que el Estado argentino había apelado otros cuatro fallos sobre el mismo caso desde 2016.

Antes de la expropiación en 2012, el Gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner acordó pagar a la española Repsol, que controlaba YPF en ese momento, un total de US$ 5.000 millones en bonos por la expropiación del 51% de la petrolera. 

La jueza Loretta Preska había señalado en marzo de este año que el Estado argentino expropió incorrectamente la petrolera, lo que llevó a la posterior sentencia que establece la indemnización.

Audioguías YPF: Patagonia

Actualmente, se aguarda la resolución de la jueza Preska en cuanto a la fecha en que se hará efectiva la sentencia dictada el 15 de septiembre. La parte demandante, Burford Capital, reclama que se cumpla desde el 16 de octubre, día en que concluye el plazo para presentar la apelación. Mientras tanto, el Estado argentino argumenta que debe respetarse todo el proceso apelatorio, preparándose para la siguiente fase de este caso.