La defensa de uno de los acusados en la causa Vialidad aseguró este lunes que la fiscalía "violó la Constitución" al mantener la acusación sobre hechos ya juzgados, en un proceso en el que la justicia de Santa Cruz dictaminó años atrás que no hubo hechos de corrupción ni de cartelización en la obra pública en esa provincia entre 2003 y 2013.

El juicio se reinició después de dos semanas de receso y luego de que la fiscalía pidiera condenar a 12 años de prisión a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones como presuntos organizadores de una asociación ilícita y defraudación al Estado.

Mariano Fragueiro Frías, abogado del extitular de Vialidad de Santa Cruz Héctor Jesús Garro, inició la ronda de alegatos finales de las defensas en la llamada causa Vialidad, reclamó la absolución de su cliente y manifestó su rechazo al atentado sufrido el jueves último por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también acusada en este proceso.

"Intentaron convertirse en adalides de la corrupción", expresó Frías sobre la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, pero, en realidad -advirtió- hubo "violación de garantías constitucionales, de debido proceso y al derecho de defensa en juicio".

Sentado en la primera fila en la sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002 junto a Garro, Fragueiro Frías insistió ante los jueces que la causa Vialidad "es cosa juzgada" porque ya hubo un expediente en Santa Cruz que evaluó las mismas obras y fue cerrado.

"Se juzgó en los tribunales locales y lo más grave es la interferencia en los gobiernos locales, en la Constitución de la provincia de Santa Cruz, se genera un daño irreparable al sistema federal", argumentó el abogado, para quien la fiscalía "violó la Constitución"

Fragueiro Frías apuntó también que su defendido "era un funcionario local de Santa Cruz" y la provincia "se regía por la Constitución local".

El acusado presidió Vialidad provincial por seis meses, entre 2005 y 2006, y las obras de ese período por las que fue acusado "están todas en el Presupuesto provincial y el Tribunal de cuentas de la provincia intervino y aprobó la inversión de los fondos", según detalló el defensor.

En la causa se investiga supuestos direccionamientos de las licitaciones de 51 obras públicas nacionales en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Fuente: Télam