Desde diciembre de 2021 las retenciones a las exportaciones de biodiésel se habían fijado en 29%, varios puntos por abajo de lo que paga la soja sin procesar, que tributa el 33%. En el marco de las decisiones para hacer frente al aumento de precios internos de los alimentos atados al valor de los commodities, el Gobierno Nacional dispuso una suba del 1% en las retenciones para el biodiésel, llevándola al 30%.

Lo hizo a través del decreto 131/2022 en el que también se oficializa el aumento de 2 puntos de las retenciones al aceite y la harina de soja, que ahora se ubicarán en el 33%. La intención de las autoridades nacionales es utilizar el excedente de lo que se recaude por esa vía para el Fideicomiso del Trigo y lograr establecer un precio de referencia para la harina, que impida que su costo impacte en el resto de los precios de los productos que se elaboran con esa materia prima, ante la disparada de la cotización internacional por el conflicto entre Ucrania y Rusia. 

La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) que nuclea a los productores de biodiesel expresaron su disgusto por la medida. Argumentan que ya existe un retraso en los precios de venta -al mercado interno- que se encuentran en un piso del 20%.

De acuerdo a lo establecido en el decreto la medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Las grandes empresas que concentran el mayor porcentaje de producción alertan que se les dificulta conseguir aceite de girasol, un insumo clave para la producción y advierten que trabajan a pérdida por las sucesivas disparadas en su precio.

Afirman que el 80% de los costos de producción del biodiésel se deben al aceite de soja, por lo que la poca previsibilidad en torno a su costo y la dificultad para conseguirlo cubren con un manto de incertidumbre a las fábricas nacionales.