El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos óseos de dos hombres víctimas del Operativo Independencia y de la dictadura militar que habían sido hallados en el Pozo de Vargas, en Tucumán, uno de ellos miembro de un grupo de cuatro hermanos que, con su padre, fueron secuestrados por los grupos de tareas de la represión ilegal.

La justicia Federal notificó el martes las dos nuevas identificaciones realizadas por el EAAF de los restos recuperados por el Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) de esa fosa de inhumación clandestina.

En el pozo fueron encontrados 149 restos óseos, de los cuales 118 ya fueron identificados.

De los nuevos, uno ellos Carlos Santillán, quien tenía 28 años, trabajaba como jornalero en el Ingenio San Juan y pertenecía a la Compañía Nacional Azucarera S.A. (Conasa), cuando fue secuestrado 11 de julio de 1976 de su casa ubicada en La Banda del Río Salí, durante en un operativo ilegal de las Fuerzas Armadas.

Pozo de Vargas. Foto: El Diario Ar
Pozo de Vargas. Foto: El Diario Ar

La segunda nueva identificación corresponde a uno de los hermanos Arévalo -Alfredo o Domingo-, oriundos de Los Juríes, provincia de Santiago del Estero, de donde fueron secuestrados el 1 de marzo de 1976 y trasladados a Tucumán.

Ambos hermanos fueron vistos por última vez en el centro clandestino de detención montado en la Jefatura de Policía de Tucumán.

De acuerdo con el informe del EAAF, "desde el punto de vista antropológico, las características etarias observadas en los restos óseos son compatibles (con Alfredo y Domingo Arévalo), sin embargo por la poca diferencia de edad entre ambos no es posible hacer una distinción".

Junto a Alfredo y Domingo también fue secuestrado Alberto (27) otro de los hermanos Arévalo.

Anteriormente, el 29 de febrero de 1976, en Maquinista Savio, en la zona norte del Gran Buenos Aires, se produjo el secuestro del hermano menor Antonio (23) y Emilio Confesor (47), padre de los cuatro.

El Pozo de Vargas es la fosa de inhumación clandestina con mayor número de identificaciones de la Argentina, está ubicada en la ciudad tucumana de Tafí Viejo y funcionó durante el terrorismo de Estado.

Con 40 metros, el Pozo de Vargas en primer momento se encontraba dentro de una finca privada que pertenecía a Antonio Vargas y fue construido originalmente para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor.

A partir de los testimonios de Pedro Mercado, Juan Carlos Díaz y Santos Molina, quienes indicaron que el pozo era utilizado para ocultar los cuerpos de personas que habían sido secuestradas y asesinadas durante el Operativo Independencia y la posterior dictadura militar, se inició a fines del 2001 el primer relevamiento de la zona.

Foto: El Diario Ar
Foto: El Diario Ar

El informe con las denuncias sobre la existencia de un pozo de inhumación clandestina se presentó en el Juzgado Federal de Tucumán, lo que dio lugar a una pericia en abril de 2002 y el comienzo de la investigación allí.

El 10 de febrero de 2023, la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán informó en un documento que la investigación de la denominada causa "Pozo de Vargas", luego de 20 años de trabajo, "ha llegado al final de la excavación".

"De acuerdo con las últimas informaciones provistas por el Juzgado Federal II, bajo el mando de Fernando Poviña, que tiene a cargo la causa, se ha terminado de extraer todo el material óseo que se encontraba en el interior del pozo, material que ahora será analizado por los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)", indicó el texto.

Fuente: Télam