La Cámara Federal porteña dio luz verde al secuestro del celular del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, en relación con la investigación sobre el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre. La medida había sido solicitada tanto por la querella de la vicepresidenta como por la fiscalía del caso.

La decisión, tomada por mayoría, revoca la resolución de la jueza María Eugenia Capuchetti y autoriza el secuestro del dispositivo, aunque se presenta un nuevo obstáculo. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Télam, debido a las leyes de fueros, se requerirá la autorización de la Cámara de Diputados para proceder con esta medida.

A pesar de las expectativas, se reconoce que la probabilidad de hallar información relevante en el teléfono de Milman es reducida, principalmente debido al tiempo transcurrido desde el incidente. Los abogados de la querella admitieron esto durante la audiencia en la que se solicitó la extracción de información.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, partidarios de autorizar la medida, establecieron restricciones precisas para la extracción de información del teléfono. Según se desprende del fallo al que tuvo acceso esta agencia, la extracción de información se limitará a un período específico, abarcando desde el 1° de julio de 2022 hasta el 10 de mayo de 2023.

Enfatizaron que la búsqueda de información debe centrarse en el contenido relevante para los hechos tratados en la causa, excluyendo cualquier información que no tenga relación directa con el caso. Una vez que se obtengan los primeros resultados de las diligencias, se establece que dicha información será compartida únicamente con el juzgado. Esto permitirá a la magistrada determinar qué datos no son pertinentes para el expediente y, en consecuencia, ordenar su eliminación. Aquellos datos que sean relevantes para el proceso podrán ser compartidos con los auxiliares de la justicia y con todas las partes involucradas.