En esta jornada, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitirá dictamen sobre el proyecto de gastos y recursos para el 2023, según informaron fuentes parlamentarias.

Se espera la incorporación de cambios solicitados por los gobernadores sobre los subsidios para el transporte del interior y un nuevo mecanismo para el pago de deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y otros pedidos realizados por legisladores sobre universidades, manejo del fuego y programas sociales.

El Frente de Todos tenía asegurado poder tener un despacho con un alto consenso ya que no solo lo firmarán los diputados oficialistas, sino que también lo haría el de Provincias Unidas, por lo que reuniría 25 firmas sobre las de los 49 integrantes de la comisión.

El resto, tanto los 23 de Juntos por el Cambio, como el del interbloque Federal, no firmarían ningún despacho o expresarían algunas disidencias parciales, y se inclinarían por el acompañamiento en general o la abstención cuando se de la votación en el recinto.

La intención del oficialismo es poder tratar el proyecto en una sesión que se celebraría el próximo martes a las 13, y que se extendería por más de 20 horas, según confiaron fuentes parlamentarias a Télam.

Para diagramar esa sesión, el próximo lunes se reunirán los presidentes de bloque, en Labor Parlamentaria. El objetivo es obtener entre martes y miércoles la media sanción para permitir que el Senado tenga el tiempo necesario para convertir en ley este proyecto clave para el Gobierno antes del 30 de noviembre.

Cabe recordar que el año pasado en la Cámara de Diputados, la oposición votó en contra del presupuesto para este año, lo que dejó al Gobierno Nacional sin esa herramienta fundamental para la administración de los recursos del Estado.

Desde el oficialismo siempre existió la voluntad de llegar a un acuerdo con la oposición pero siempre que se mantengan las variables económicas que estiman un crecimiento de la economía del 2%, una pauta inflacionaria del 60% y un descenso del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%, que se busca con reducción de gastos y de subsidios.