Avanza la investigación judicial por la represión en Jujuy, sucedida en junio último. En ese contexto, ocho organizaciones civiles, con trabajos internacionales, viajaron hacia la provincia para determinar el accionar policial ante las manifestaciones que solicitaban el incremento salarial de docentes y la deposición de la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales.

"La reforma, lejos de haber contribuido a generar un clima de convivencia democrática, parece haber exacerbado la fractura y polarización previamente existente", sostuvo la misión internacional, que estuvo en Jujuy entre el 21 y 25 de agosto con el objetivo de conocer el resguardo de los derechos humanos y la preservación ambiental en la nueva legislación.

Los integrantes de la misión mantuvieron reuniones con autoridades provinciales, diputados locales, representantes de la Fiscalía y comunidades originarias, "con ánimo de aportar a la construcción del diálogo social", como expresaron

El informe derivado de estos contactos destaca el "uso desproporcionado de la fuerza" y de armas "menos letales" para la dispersión de la protesta, detenciones arbitrarias y multas o contravenciones a representantes de las manifestaciones.

Las violaciones de derechos humanos se registraron en las localidades donde se concentraron los principales focos de movilización y cortes de ruta, como Abra Pampa, La Quiaca, Salinas Grandes, Susques, Humahuaca y Purmamarca.

Los organismos que componen la misión son la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Pan para el Mundo (PPM), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc Mx), International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Centro Legal de Derechos Humanos (HRLC), Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y Movement Law Lab (MLL).

Puntos clave del informe

  • Represión de la protesta: se registraron detenciones arbitrarias, hostigamiento y presuntas torturas de la Policía de Jujuy. Uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza.
  • Reforme constitucional: se constató que no hubo "un amplio proceso de deliberación" en la sanción de las modificaciones de la legislación provincial, entre lo que se registró la ausencia de mecanismos de consulta y la participación de representantes de comunidades originarias.
  • Impacto ambiental: el informe expresa que la reforma constitucional favorece el uso industrial, agrícola y ganadero de gran escala de los recursos hídricos; la privatización de recursos estratégicos; y la utilización intensiva de productos químicos.