Torturas en Malvinas: la Corte tratará un segundo planteo
La causa investiga supuestas torturas cometidas por exmilitares argentinos contra soldados de su propia tropa. La instancia surge como respuesta a un pronunciamiento de la Cámara de Casación Penal, que anteriormente consideró prescriptos los delitos, abriendo de esta manera la polémica.
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La Corte Suprema de Justicia recibirá un segundo expediente relativo a las denuncias por supuestas torturas cometidas por exmilitares argentinos contra soldados de su propia tropa durante el conflicto bélico desarrollado en el Atlántico Sur. Dichas denuncian consideran que los hechos constituyen delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben, confirmaron este miércoles fuentes judiciales.
El máximo tribunal de la Argentina analiza desde mediados de 2021 un recurso extraordinario federal presentado por la fiscalía y las partes querellantes contra un pronunciamiento de la Cámara de Casación Penal que consideró en su momento prescriptos los delitos, en un fallo en mayoría que colocó en el centro de la situación a uno de los imputados en la megacausa, Jorge Ferrante, cuyo procesamiento había sido anulado por Casación.
La novedad es que la misma Cámara declaró la admisibilidad de un nuevo recurso extraordinario planteado en torno a la situación de los acusados Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini, también procesados (en el caso de éstos por el delito de vejaciones). El 30 de mayo de este año Casación anuló el fallo con el criterio de que los delitos están prescriptos. De considerarse delitos de lesa humanidad, no aplica la prescripción.
El recurso que deposita ahora el caso ante la Corte Suprema fue presentado por el fiscal Javier De Luca y por abogados del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata (Cecim), la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la querella representante de las víctimas Oscar Torres, Carlos Raymundo Rodas, Jorge Ramón Diez y Oscar Orlando Frías.
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Los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal Ana Mara Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña expresaron que, al tratarse de presuntos crímenes de guerra, tortura y/o graves violaciones a los derechos humanos, "se encuentra en juego la obligación del Estado argentino de investigar y sancionar a sus responsables, cuyo incumplimiento generaría responsabilidad ante la comunidad internacional”.
Fue la jueza federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Mariel Borruto, a cargo de la megacausa por torturas y violaciones a los derechos humanos de soldados en la guerra de Malvinas, quien declaró estos delitos como de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles.
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En mayo de 2021 la decisión de Borruto fue revocada en Casación, en el fallo del caso Ferrante, caso que está en la actualidad bajo revisión en la Corte Suprema. En lo ateniente a Gassino, Garde y Calderini, fueron procesados en febrero de 2020 por “imposición de tormentos”: estaqueamientos y enterramientos de los soldados castigados en mayor parte por salir en busca de comida, ya que pasaban hambre extrema.
La investigación tuvo su origen en una denuncia presentada en 2007 por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, Pablo Vassel, quien recolectó los primeros 25 casos e impulsó las denuncias en el juzgado fueguino.
En la causa se enfrentaron opiniones encontradas sobre si los hechos formaron parte de un plan sistemático contra los conscriptos o si, en cambio, se trató de sucesos aislados protagonizados por un grupo de militares partícipes de la guerra.
Con información de Télam