Un diputado del PRO tiene 34 asesores, incluida una miss argentina
Gerardo Milman se encuentra en el centro de la polémica. El listado incluye a Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Mauricio Macri.
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El diputado nacional Gerardo Milman es un foco de tormenta interna en Juntos por el Cambio. Su nombre gira hace semanas alrededor de polémicas e investigaciones en el marco de la causa del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
Desde entonces, hasta los propios parecen soltarle de a poco la mano. En este contexto, el fiscal Carlos Rívolo, que quedó a cargo de seguir la investigación en el juzgado de Maria Eugenia Capuchetti, pidió esta semana a la Cámara de Diputados la información de la nómina completa de empleados y asesores que tenía a su cargo el legislador del PRO.
La Cámara baja giró esa información hace menos de 24 horas y Data Clave accedió a ese documento.
En total, figuran 34 empleados bajo la órbita de quien es vicepresidente de la bancada del PRO, el segundo bloque con más escaños.
De todos esos asesores, 24 están bajo la modalidad de contrato y los nueve restantes son planta transitoria.
Milman ocupa un cargo como autoridad de bloque y por ello puede designar mayor personal. Además, tiene silla en 8 comisiones, un número por encima de la media: sin embargo, no es presidente ni vice de ninguna de ellas y solo es secretario en tres. En el resto, es un vocal raso.
El nombre sobresaliente del listado es el de la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Según el documento entregado al fiscal, es parte de la nómina de empleados del diputado del PRO y no solo eso: es el sueldo más alto de toda la lista. La ex funcionaria del gobierno de Cambiemos cobra más de $400.000.
También figuran las asesoras citadas en la reunión del bar Casablanca, Carolina Gómez Mónaco y Nadia Bohdziewiczm, ambas con salarios superiores a los 300.000 pesos. También figura la hermana de Gomez Mónaco, Daniela y todas son planta temporaria.
Está además Maria del Socorro Lanusse Peralta Ramos, hermana de Maria Luz Lanusse Peralta Ramos. Esta última es la mujer que manejaba un auto con cédula azul a nombre del diputado y que fue detenida con un registro de conducir apócrifo.
Entre los contratos figura el nombre de Fernando Agustín Daga, con un sueldo de 100.000 pesos. Daga es el socio de Gómez Mónaco en la empresa Salvatore Group, apuntada por la IGJ. También está incluida Erika Denisse Menéndez, una ex agente de la Policía Metropolitana de 29 años que recibe un salario como asesora de 327.567 pesos.
Tampoco pasa desapercibida la presencia de integrantes con vínculos cercanos a comunicadores difusores de mensajes de odio. Es el caso de Constanza Mehler, con un contrato por 120.000 pesos en la lista de empleados de Milman: la mujer también es redactora del portal DATA 24, el sitio del youtuber “El Presto” Eduardo Prestofelippo, condenado a 30 días de prisión por hostigar a Fabiola Yañez, mantuvo una relación con Brenda Uliarte, detenida en la causa por el atentado a la vicepresidenta.
Asesores en la mira
La Inspección General de Justicia constató más de una decena de irregularidades en una sociedad creada en 2017 por dos empleadas del diputado Gerardo Milman, contando con recursos provenientes del Ministerio de Seguridad.
Según la resolución a la que accedió Data Clave, la sociedad Salvatore Group “fue inscripta el 27 de septiembre de 2017 en 24 horas”. Sus operaciones sociales en los papeles comenzaron el 30 de junio de 2019, con lo cual todo indica que se buscó evitar controles.
Gómez Mónaco y Daga tenían al momento de constituir la sociedad, ambos de 27 y 30 años, respectivamente.
De acuerdo al documento de la IGJ, la sociedad se conformó con 31 objetos sociales distintos, un abanico de posibilidades de negocio que prácticamente abarcan todo. Desde importación y exportación, servicios relacionados con actividades agropecuarias, avícolas, ganaderas, tamberas, vitivinícolas, hasta también de comunicación sobre espectáculos, editoriales y gráficas, actividades culturales educativas, desarrollo de tecnología, investigación innovación, actividades inmobiliarias y de la construcción, gastronómicas, petroleras, gasíferas, de salud y de transporte.
Según la autoridad de Justicia esto “no cumple con el principio de especialidad previsto en el código unificado y mal puede ser considerado persona jurídica”.
La empresa empezó con un capital social de 17.720 pesos, 25% en efectivo. Es decir, se integró solo con 4.430 pesos, pero gastó más y quedó con patrimonio negativo de $1.035 pesos. Esto resultaría una violación del Código Civil y Comercial.
Además, entre otros papeles flojos, el domicilio declarado no coincidía con el real y nunca presentó libros contables, hecho por el que fue intimada a comienzo de mes.
Por último, la sociedad no tiene cuentas bancarias ni dinero en caja, no registra ventas y solo contabiliza el pago de alquileres en cuestión pero cuando los especialistas de la IGJ fueron al sistema antecedentes de la empresa encontraron que, pese a no tener actividad registrada en libros, la facturación anual oscilaba entre 10.050.385 y 50.251.921 de pesos.
Fuente: Data Clave.