El legislador Javier Bee Sellares apuntó al Ministerio de Trabajo de la Provincia por no poner en marcha la normativa.

En medio del conflicto en el transporte urbano de pasajeros, el legislador Javier Bee Sellares recordó que la Ley de Servicios Esenciales se sancionó tras el paro de 8 días de UTA en la ciudad de Córdoba del 2017.

Por medio de esta normativa, detalló el edil, la provincia le exige a las empresas prestatarias un servicio esencial de transporte y se nombró, en 2018, una comisión técnica que determinó cuales eran los servicios esenciales.

En diálogo con radio Universidad el legislador señaló que quien debe accionar la puesta en marcha de esta ley es el Ministerio de Trabajo de Córdoba: “Me parece que si la provincia no pone la voluntad política para aplicar esta ley, los cordobeses se van a quedar a pie. Básicamente hay que asegurar los servicios troncales aunque por lo menos se pueda llegar a los lugares de trabajo o centros de salud”, expresó.

Así, el artículo 1º de la Ley expresa: “Cuando el ejercicio de una medida de acción directa involucre o comprometa la interrupción o suspensión de actividades que pueden tener consecuencias para el goce de los derechos constitucionales a la vida, a la salud, a la seguridad, a la justicia y el acceso a la energía eléctrica, al gas y al agua potable, sea por tratarse de servicios esenciales (Ley Nacional Nº 25877), relaciones de empleo público o prestaciones de servicios públicos, debe garantizarse un conjunto básico de prestaciones y personal a fin de asegurar su continuidad y regularidad, bajo las pautas y modalidades previstas en la presente Ley.”

Los servicios de transporte público de pasajeros y los relacionados con la protección ambiental quedan expresamente comprendidos en los referidos en al artículo anterior, reza el artículo 2º.

Bee Sellares también hizo mención al tema de los subsidios argumentando que en el Presupuesto del 2018 y en el Consenso Fiscal del 2017 se había acotado que iban a ir desapareciendo los subsidios al transporte. Se creó un Fondo Compensador en el cual las provincias aportaban varios millones. En el caso de Córdoba fue de 2 mil millones. Así, detalló, se firmó convenios con Río Cuarto y con la ciudad de Córdoba.

“En ese debate que hay entre Dietrich y Gutiérrez, claramente la razón la tiene Dietrich y cuando exige que la provincia cumpla con lo que acordó, que es poner los subsidios necesarios para que el incremento de la paritaria no afecte el aumento de boleto de transporte, está en la realidad”, manifestó.

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