"Hay violencia en muchas situaciones territoriales y eso parece que no fuera delito por parte del estado"

La Investigadora de CONICET Juliana Enrico y vecina de Salsipuedes, indicó que "nos prenden fuego la provincia, hay violencia en muchas situaciones territoriales y parece ser que eso no es delito de parte de las autoridades responsables, del Estado" reflexionó, en referencia al violento desalojo que sufrió Agustina Tolosa, la mujer de 70 años que fue sacada del terreno que habita hace 20 años en dicha localidad el pasado 9 de noviembre. 

En diálogo con el programa "Es por Acá", de la FM 102.3, la especialista en Estudios de Género y en Estudios sobre la Memoria, indicó que "hay que repensar nuestras accione s colectivas, en esta caso en Sierras Chicas, en toda la provincia de Córdoba en el territorio. En el caso de Agustina (...) el municipio de Salsipuedes incumplió el comodato que se había firmado , que era la solución más pacífica en principio para evitar justamente un desalojo violento hacia Agustina y hacia su familia", sostuvo. 

Ver también:  Agustina Tolosa fue agredida y desalojada de su casa en Salsipuedes

Escuchá la entrevista completa: 

Por otro lado, Agustina realizó una denuncia penal debido a los golpes y heridas que padeció, solicitándole a la justicia que envíe a peritos y especialistas "que se presenten a la mayor brevedad posible en su domicilio provisorio actual, situado en el Vivero Municipal, para tomarle la debida declaración y denuncia dando cuenta de los graves hechos de los que fue víctima; y que se realice con urgencia el peritaje médico forense correspondiente".

La denuncia completa: 

La abajo firmante, Agustina Tolosa, DNI 6. 399.329, me presento a realizar una denuncia mediante descripción circunstanciada de los hechos ocurridos en la localidad de Salsipuedes el día martes 09 de noviembre alrededor de las 9.30 horas en el marco de un operativo de desalojo del lugar que habitaba en el Barrio El Talita. Debido a que fui violentada y golpeada por personal policial durante el operativo, presento certificados médicos que informan la revisión y estudios que me realizaron los mismos días 09 y 10 de noviembre, y solicito se realice con urgencia el peritaje médico forense correspondiente.

Descripción circunstanciada de los hechos:
Siendo alrededor de las 9.30 horas del día martes 09 de noviembre de 2021 se presenta en mi domicilio el Sr. Juez de Paz de Salsipuedes, Carlos Cingolani, acompañado por un amplio operativo policial, con varios móviles policiales y guardia de infantería; y me anuncia que da inicio a un operativo de desalojo en el día de la fecha, ingresando un camión para trasladar mis pertenencias -las que ya habían sido parcialmente trasladadas, junto con algunos de mis animales y junto a la mudanza de la casa de mi hija y de mi nieto-, al domicilio establecido como hogar transitorio ofrecido en un reciente comodato presentado ante mí por el Municipio de Salsipuedes, el cual me acercaron para firmar días atrás. No habiendo otras instancias o propuestas que garantizaran condiciones de vivienda digna y que evitaran una mudanza provisoria para mí, mi familia y todas nuestras pertenencias por tan corto lapso de tiempo, en este documento se nos ofrece trasladarnos al Vivero Municipal de Salsipuedes -en el mismo barrio El Talita- junto a mis animales, hasta tanto el Municipio cumpla con la propuesta realizada en un comodato anterior (ante cuyo incumplimiento, estando establecida la fecha del desalojo con anterioridad, y no cumpliéndose el plazo de 60 días para tener lista y acondicionada la nueva casa previo al desalojo -como se había acordado por escrito en dicho documento, tal como lo expresa el compromiso asumido por las autoridades municipales-), viéndose aplazada la garantía del derecho a una vivienda en el marco de las circunstancias del desalojo, me quedo sin techo y tierra donde vivir junto a mi hija y mi nieto menor de edad.

Este documento fue presentado por el cura párroco y por la Directora del Programa de Género Municipal en representación del Municipio, sin abogados ni otras autoridades presentes, y sin mediar consultas previas ni conmigo ni con la Asamblea y organizaciones que me acompañan; y procedí a firmarlo prácticamente desconociendo su contenido y la legitimidad de dicho compromiso. En este nuevo comodato se me ofrece transitoriamente y por un nuevo plazo de 60 días vivir en el predio público del Vivero -instalándose además un contenedor sin baño en el terreno originalmente cedido mientras avanza la construcción, el cual cuenta apenas con cimientos de la vivienda comprometida y conexión de luz y agua; y sin lugar para la unidad productiva de corrales con animales y huerta, de los cuales vivo como mujer campesina-. Se constata que el lugar ofrecido como vivienda transitoria carece de condiciones mínimas de habitabilidad, está muy sucio y lleno de humedad, dos habitaciones sin pintar y con partes del revoque del techo que se cae al piso, sin revocar otras zonas, etc. Se garantiza que el lugar estará habitable y con corrales, lo cual no se cumple. Está sucio, lleno de basura y de chatarra en la zona donde se instalarían los corrales, y se solicita que los vecinos se encarguen de su limpieza y acondicionamiento.

Que ante la inminencia de mi desalojo y dada mi decisión y la de la Asamblea de vecinos y organizaciones que me acompañan, se había decidido e informado previamente mediante un comunicado no oponer resistencia al desalojo cuando éste ocurriera. Que no estando presente un abogado al que se había consultado previamente, quien asumió mi representación, los vecinos se acercaron al lugar cuando se informó que estaban llegando muchos móviles policiales. Que el Sr. Juez ingresó a leerme el oficio, y los policías se pusieron a realizar el traslado y carga de los muebles y pertenencias al camión, para efectivizar la mudanza de mis objetos personales. Que de inmediato al ingreso del Juez al predio con motivo del desalojo había ingresado al mismo la familia Cardozo, dirigiéndose a la casa donde vivía mi hija (quien había abandonado la propiedad días antes); los Cardozo al parecer se habían mudado previamente a esta casa, diciendo que tenían autorización del Juez.

Que arribados al lugar vecinas y vecinos, una barrera policial de al menos 12 o más policías hombres y mujeres, incluido el Comisario Inspector Mayor Cristian Bringas - Director de la departamental Sierras Chicas- y el Comisario Germán Schneider - Comisario de Salsipuedes-, les prohibieron ingresar a los vecinos y vecinas al predio informándoles que se estaba realizando un operativo de desalojo a cargo del Sr. Juez. Que solicitamos ante la policía y ante el Juez que el Sr. Juez se acercara para poder conversar con los vecinos, pero se negaron rotundamente a que ingresaran o a comunicarle al Juez la intención de que escuchara a la ciudadanía que acompaña en estos meses mi lucha, manifestando en particular su preocupación porque tengo delicados problemas de salud, tengo más de 70 años, y podría sufrir alguna descompensación con motivo de la angustiante situación de tener que hacer abandono de mi hogar. Que no se presentó ninguna autoridad municipal, ni responsables del Programa de Género con sede en el Centro Integrador de Salud de Salsipuedes, que cuenta con un equipo interdisciplinario al que se le había solicitado asistencia y que se comprometió a realizar el seguimiento de mi caso y de mi salud, en particular durante el proceso previo y concomitante al inminente desalojo (incluyendo asistencia psicológica solicitada ante las profesionales del CIC por dos psicólogas), debido a que mi salud y mi integridad física y psíquica se encontraban y encuentran comprometidas, y que curso problemas respiratorios y cardíacos desde los últimos meses. Que no hubo un acompañamiento formal por parte de las autoridades, ni del Ejecutivo, ni Concejales, ni ofrecimiento de asistencia jurídica y de intervención de parte de las autoridades a cargo de los programas de asistencia social y de salud del Municipio. Debe resaltarse en particular la ausencia del Sr. Intendente Marcelo Bustos y de la Secretaria de Gobierno Carina Torres, así como la ausencia de funcionarios provinciales que participaron en su conjunto en la firma del anterior comodato, como el legislador provincial, representante del Departamento Colón, Carlos Presas.

Que en el momento del desalojo se presenta como vecina, y luego como profesional, una Investigadora de CONICET solicitando hablar con el Juez, mostrando su carnet profesional dado que trabaja las perspectivas de género y de derechos humanos, para asistir a Agustina Tolosa y su familia; y la policía se niega a establecer y autorizar el contacto, tanto en su carácter de vecina como en su carácter de investigadora del sistema de Ciencia y Técnica de la Nación Argentina. Que reiterado el reclamo para hablar con el Juez de Paz la policía niega el acceso en forma absoluta. Que dadas las adversas y hostiles condiciones climáticas se solicita en forma expresa suspender el desalojo e informar al Juez de esta solicitud. Que se acerca personal pero que la policía niega el pedido y niega el contacto. Que dos profesionales psicólogas presentes exponen sus números de matrícula solicitando asistencia psicológica, legal y sanitaria del Estado ante las circunstancias, y tampoco son atendidos sus reclamos. Que se llama por teléfono al Municipio para exigir la presencia de autoridades municipales y las mismas argumentan no poder asistir.

Mientras tanto se logra que salga el camión de la propiedad, con las pertenencias de Agustina Tolosa mojándose por completo en plena lluvia en el momento del traslado. Que la policía realiza una barrera frente al grupo de vecinas y vecinos que intentan contenerme emocionalmente, y la policía se les viene encima, tanto hombres como mujeres uniformados, empujándolos agresiva y violentamente. Que me agreden y golpean, quedando con lesiones, tanto como a una compañera, mientras el resto de los compañeros y compañeras, algunos siguen y acompañan al camión hasta su destino, y quienes se quedan son empujados violentamente, lo cual consta en varios videos y audios. Que policías mujeres bromean sobre qué vamos a hacer nosotras “si somos golpeadas por mujeres, porque entonces no vamos a poder denunciar violencia de género”, y que piden datos personales y nombres a las vecinas; que son preguntadas por nosotras -y no responden- sobre la obligatoriedad de realizar las fuerzas policiales y personal del Estado de todos los poderes la capacitación en Ley Micaela que obliga a la formación de funcionarios y personal en la perspectiva de género, que no sólo es Ley Nacional sino Provincial; y que incluso por Ordenanza Municipal se aprobó y está en vigencia la adhesión a la Ley Provincial -presentación realizada al Consejo Deliberante por la Mesa de Género de Salsipuedes desde la Banca Ciudadana- desde fines de 2019 en este Municipio, incumpliéndose su implementación. Que la policía, hombres y mujeres, se niegan a respondernos y nos tratan con violencia y arrogancia cuando les pedimos protección y ayuda -función policial que deberían garantizar, en lugar de ejercer violencia hacia vecinas y vecinos de nuestra comunidad-.

Que dadas estas circunstancias me altero, me descompenso y me descompongo, prácticamente desvaneciéndome. Que en el lugar no hay personal del Estado municipal, ni psicólogos, ni trabajadoras sociales, ni médicas, ni ambulancias, que pudieran ser requeridos ante cualquier emergencia dada la delicada y angustiante situación de un desalojo, que además terminó siendo violento por parte del poder policial y judicial. Que toda esta situación tuvo lugar en presencia de familias y niños y niñas pequeños, no considerándose en ninguna circunstancia la violencia a la que fueron expuestos, como si por el contrario el procedimiento fuera “naturalmente” correcto.

Que claramente la violencia física, los empujones, los golpes, los tironeos, no son considerados violencia por parte de la policía interviniente en el procedimiento, ni por parte del Juez y personal
implicado en su totalidad en el operativo.

Que las vecinas llamaron a una ambulancia y, como demoraba en llegar, en paralelo vecinas y vecinos se dirigieron al CIC a solicitar la presencia de la Directora del Programa de Género Municipal, exigiendo urgente presencia de la ambulancia en el domicilio del desalojo, dada la vulneración de mi salud, que ponía en riesgo mi vida. Que nos respondieron que la responsable estaba en una reunión, y en el medio los vecinos me llevaron en un auto particular al Dispensario, lloviendo torrencialmente, debido a que la ambulancia no llegaba. Que el Municipio dice haber enviado un servicio privado al lugar.

Que al llegar al Centro de Atención Primaria de la Salud se me ingresa de urgencia en plena lluvia torrencial, presentando una conmoción total en pleno ataque de nervios, llorando con angustia, impotencia y enojo, sin poder respirar. Que las médicas constatan golpes en mi cuerpo y las vecinas que me acompañan toman fotos de mi estado y solicitan urgente activación de los protocolos para denunciar violencia institucional y de género en el marco del operativo. Que en medio del procedimiento se constata que en presencia del Juez ingresa la familia Cardozo, mientras se llevaba a cabo mi desalojo y en mi presencia, de mi familia y de los vecinos.

Que la violencia institucional cometida implica otras formas de violencia ejercidas a instancias del procedimiento de desalojo por actuación judicial y policial, y por ausencia del Estado Municipal dentro de su jurisdicción, como autoridad máxima del pueblo y como parte responsable implicada en el acuerdo entre las partes (incumplido), debiendo garantizar mi integridad, mi vida y mi salud -sin presentarse incluso ni de modo propio ni cuando se les solicitó desesperadamente su presencia-. Por tales motivos es clara la situación de vulnerabilidad y violencia institucional a la que fui sometida por parte del Municipio de Salsipuedes, realizándose un abandono de mi persona.

Cabe agregar que en el Dispensario me realizaron estudios médicos, electrocardiograma, constatación de golpes y lesiones, y que debí ser sometida a posteriores estudios (radiografías, consulta con un traumatólogo, etc.) lo cual se realizó luego de quedar ingresada en el ALPA a través de mi obra social PAMI, una vez que regresé a cambiarme y secarme luego de pasar horas mojada, con frío y hambre y con un cuadro descompensado en mi salud; y que continué realizándome controles y estudios médicos al día siguiente, atendida por personal médico del Dispensario y del CIC, para descartar fracturas u otras lesiones en mis órganos y articulaciones. Que aún en estas circunstancias no se me ofreció desde el Estado asistencia psicológica ni otro tipo de asistencia profesional por parte de las autoridades a cargo de la gestión de los Programas Municipales, ni Secretaría de Gobierno ni Directoras de Programas.

Que parte de los animales se escaparon (entre otros: cerdos, gallinas, patos, conejos, pollitos, pavos); dado que no se proveyó una localización adecuada para su guarda y cuidado. Que mis pertenencias quedaron mojadas y dañadas. Que los policías dejaron jaulas con pollitos en medio de la intensa lluvia en el predio del Vivero, a la intemperie, y dos pollitos se ahogaron porque se hicieron grandes charcos de barro.

Que salvo la contención de la ciudadanía y las Asambleas, vecinas y vecinos, familiares y amigos, posteriormente al desalojo -y luego incluso de su repercusión en los medios- no consultaron ni se acercaron a mí las autoridades (Ejecutivo, Concejales, etc.) para saber sobre mi estado, lo cual demuestra un trato que carece de elementales cuidados humanitarios, e implica una evidente deshumanización y vulneración de derechos hacia mi persona, mi familia, y nuestras circunstancias de vida.

Por otro lado, se informa finalmente que como el predio del Vivero es Municipal, y tiene un uso público, se hace presente personal municipal para realizar tareas, circula gente, está totalmente abierto, lo cual vulnera nuestra privacidad, seguridad y tranquilidad; algo que tampoco fue contemplado en la garantía de mis derechos.

Por todo lo expuesto, se solicita la urgente investigación respectiva, dado que mi salud física, emocional y psíquica han sido violentadas, así como ocurrió con nuestra comunidad; solicitando en carácter de urgente el debido peritaje médico forense.