Las bibliotecas populares atraviesan un escenario complejo en cuanto a su financiamiento. Así lo explicó Rosita Amaya, encargada de las biblioteca popular Vélez Sarsfield en la ciudad de Córdoba, quien adelantó que tras la pandemia se redujeron sustancialmente los subsidios que recibían por parte del Estado Nacional. 

Según explicó, las bibliotecas agrupadas bajo la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) reciben subsidios que se destinan a la elaboración de proyectos comunitarios o gastos comunes de mantenimiento. Montos que hoy, superarían por poco los cien mil pesos.

“A todos los gastos hay que rendirlos, para dar cuenta de cómo ese dinero es gastado”, explicó al respecto. En este sentido, remarcó que todo el accionar comunitario es voluntario, ya que el dinero no es destinado al pago de salarios. 

“Nuestra biblioteca popular Vélez Sarsfield que tiene 114 años y es la más antigua de la Ciudad de Córdoba nunca tuvo una bibliotecaria designada con un sueldo pagado por la Provincia, el Municipio o la Nación”, aseguró Amaya en diálogo con Ponete al día. 

Vale destacar que las bibliotecas populares son asociaciones civiles autónomas, creadas generalmente por iniciativa comunitaria. La mayoría ofrece servicios y espacios de consulta, expresión y desarrollo de actividades culturales, de la lectura y del libro.

Respecto del funcionamiento de la biblioteca, sostuvo: “Todo es muy burocrático y la biblioteca sigue teniendo gastos importantes, como el gas o el internet que son sumamente necesarios”. 

“La Municipalidad de Córdoba ha convocado y otorga una ayuda de 35 mil pesos para actividades de promoción cultural, que son distribuidos en actividades que aquí dentro se realizan”, agregó en este sentido. 

A pesar de este ingreso adicional, Rosita afirma que la biblioteca “no se da por vencida”. “No tenemos gente joven profesional que se dedique a esas tareas administrativas", indicó.

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