“Los narcos de Córdoba venden para comprarse una chata y salir al baile. Nadie quiere controlar realmente el negocio”. La frase la dijo, hace poco más de diez años, cuando el mercado de la cocaína explotaba en el país, Estaban Lido Alvarado, líder de una banda que opera en el norte de Rosario y es rival de Los Monos. El comentario de Alvarado fue para un abogado del fuero que defendía a un familiar suyo en una causa en esta provincia, en 2009. Alvarado volvió a ser noticia el mes pasado, cuando intentó fugarse del penal de Ezeiza usando un helicóptero ploteado con la patente de otra aeronave, a nombre de Mario Baldo, empresario de Jesús María condenado por la justicia federal por tráfico aéreo.

La frase es anecdótica para comparar la situación entre las dos provincias, justo cuando desde varios sectores fogonean que Córdoba está próxima a ser Rosario. La ciudad santafesina es noticia no por su mercado de drogas, sino por la alta tasa de homicidios que, en 2022, superó por seis veces a la de la ciudad de Córdoba, tendencia que se sostiene desde hace una década. Detrás de eso, si, están las bandas que se enfrentan para controlar el mercado. Pero qué tan diferente es el mercado de Rosario con el mercado cordobés.

“En Rosario no hay narcotráfico, si entendemos por narcotráfico el crimen transnacional organizado. Lo que hay es un mercado de narcomenudeo muy consolidado”, dice a cba24n Enrique Font, criminólogo con destacada trayectoria en la academia y en la gestión pública. Busca desarmar uno de los lugares comunes que impiden entender lo que sucede en Rosario. Sostiene que, en términos de consumo, Córdoba, Rosario, Mendoza y algunas ciudades turísticas, comparten modelos florecientes de narcomenudeo muy similares. Sin embargo, ninguna de esas ciudades tiene la tasa de homicidios de Rosario.

El helicóptero en el que pensaba fugarse Lido Alvarado del penal de Ezeiza estaba ploteado como el de un empresario cordobés, condenado por trafico aéreo.
El helicóptero en el que pensaba fugarse Lido Alvarado del penal de Ezeiza estaba ploteado como el de un empresario cordobés, condenado por trafico aéreo.

¿Tiene razón entonces Lino Alvarado? En parte sí y en parte no. “Los vínculos no son lineales. A las violencias hay que construirlas”, dice Font. “Las bandas en Rosario se armaron porque había impunidad sobre el delito, no porque los mercados son distintos”, explica. Antes de entrar en el mercado de drogas, Los Monos robaban caballos. Otras bandas rosarinas eran piratas del asfalto y se enfrentaban a tiros.

“El delito y el control del delito tienen que ser mirados en conjunto y en términos de procesos históricos, porque el control del delito configura el crimen. Es decir, la policía y la Justicia, por un lado, y por otro los mercados locales de drogas, sus vínculos con los mercados legales, la violencia, la circulación de armas” dice y destaca algunos factores singulares de Rosario: “Creo que tiene que ver con un Poder Judicial provincial muy deficitario por la burocracia, por la corrupción y por la policía de la que dependía en las investigaciones, que fue muy ineficiente y generó impunidad en los homicidios”, explica. Un relevamiento de la Cátedra de Criminología de la UNR que analiza el tratamiento judicial de homicidios ocurridos entre 2008 y 2012 en dos barrios de Rosario, concluyó solo el 22% de los casos terminaron con condena.  “En otra jurisdicción, después de una pelea como la que se produjo entre las bandas de Los Monos y Los Garompa no quedaba nadie en libertad. En Rosario las investigaciones tan deficientes permitieron que la violencia no tuviera obstáculos para seguir en la calle y que las bandas continuaran con el negocio del narcomenudeo y se hicieran cargo de otras actividades”, concluye.

Enrique Font, titular de la cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario. Foto: UnCiencia
Enrique Font, titular de la cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario. Foto: UnCiencia

El negocio local

Los actores en la provincia de Córdoba son diferentes. También el contexto y las políticas. Hace más de diez años que la justicia cordobesa cuenta con el fuero que persigue e investiga el narcomenudeo. También, desde que estalló el llamado “Narcoescándalo” que tenía a figuras de alto rango de la policía armando causas para quedarse con botines de la droga, quedaron al descubierto las falencias en la Justicia Federal. Todavía hoy, desde entonces escasean las grandes investigaciones en ese fuero contra el tráfico de drogas que ingresa a la provincia desde el norte del país.

Lo que se ve, entonces, es un fenómeno muy diferente. A diario llegan a las redacciones de todos los medios de comunicación, los aportes oficiales de la Fuerza Antinarcóticos de la Policía de Córdoba: los secuestros y operativos tienen como foco, en su mayoría, quioscos y puntos de ventas menores, casas familiares, secuestros de plantas. La cantidad de droga secuestrada, ya no se informa en kilos, si no en “dosis”. 

Para hacernos una idea, de un gramo de cocaína se fraccionan, para el mercado local, cuatro o cinco dosis, según un investigador de esa fuerza.

“Es como querer combatir a las hormigas matándolas de a una”, se queja un abogado que defendió a muchos pesos pesados hace años. “Antes había un “Chancho Sosa”, ahora hay 20 tipos que se dedican a ingresar 15 kilos por semana. La cocaína circula en gran cantidad. Está de nuevo barata. Pagan el kilo 3600 dólares, cuando en la pandemia llegó a costar hasta 10 mil dólares”, dice él, que conoce el negocio.

Desde hace años, el panorama cambió: los derivados fumables de la cocina circulan y la oferta es en todos los barrios.

Según datos oficiales de la Fuerza Policial Antinarcóticos, en 2022 secuestraron 114 mil dosis de cocaína (poco más de 22 kilos), 600 mil de marihuana, unas mil plantas en 800 allanamientos, en los que cerraron 408 puntos de venta. Armas de fuego, solo 77, si se tiene en cuenta el despliegue.

El registro estadístico señala 9 “bandas” desbaratadas y la misma cantidad de organizaciones. Consultado para esta nota, una fuente del área explicó que se entiende por banda al grupo que maneja uno o más puntos de venta. “En un punto de venta, por ejemplo, puede haber dos o más personas, y muchas veces son de la misma familia”, dijo.

La fuente reconoce que entre los detenidos “hay de todo”. “Muchas veces es gente que no tiene laburo y vende algo desde su casa", dice. 

La organización es una escala superior. Y ahí radica, quizás, el avance investigativo de la fuerza. Un grupo con un despliegue territorial más consolidado, con “teros” (los que avisan que viene la policía) deliverys, guardadores, recaudadores, y puntos de venta.

Golpe al narcotráfico: La FPA comunica el secuestro de 7 plantas, cuatro de ellas pequeñas. Foto: FPA
Golpe al narcotráfico: La FPA comunica el secuestro de 7 plantas, cuatro de ellas pequeñas. Foto: FPA

La persecución del narcomenudeo se combina con otro factor: el aumento de la población carcelaria en la última década. Pero, un dato curioso, los narcos no dejan de ser narcos cuando están presos. Esa parece ser una de las variantes del último tiempo.

 La Unidad de Investigación de organizaciones criminales integrada por el fiscal de Narcotráfico, Carlos Cornejo, y la fiscal de Instrucción, Celeste Blasco, detectó en 2022 detectó que algunas organizaciones siguen operando bajo el mando de sus líderes, que están en prisión.

Dos bandas, puntualmente, se disputan parte del mercado dentro y fuera de las prisiones de Córdoba: La Hermandad y Los Zeta o Zorritos, como expresión local de la banda peruana que adoptó el alias de su líder ‘Zorrito’. Hace días, una mujer de nacionalidad peruana fue detenida con 12 mil dosis y los investigadores creen que está vinculada con la organización.

Los nombres de quienes operan intramuros son conocidos por la justicia: Juan Enrique Carbajal Conde y Cristian Romero Salvatierra, peruanos ambos, fueron detenidos por un hecho de privación ilegítima de la libertad.

José Carlos Sánchez Rodríguez, también peruano, desde la unidad carcelaria lideraba una banda integrada por ciudadanos argentinos con presencia de personas de nacionalidad peruana

‘Diente’ Villarroel, integrante de una familia de narcomenudistas, manejaba tres kioscos en barrio San Jorge y puntos de venta dentro de la cárcel de Bouwer.

En la zona de San Francisco, al límite con Santa Fe, Evelio Horacio ‘Yiyo’ Ramallo, con múltiples condenas y es trasladado por seguridad a distintas cárceles, desde donde sigue operando.

El colmo fue lo que sucedió en Cruz del Eje. Desde el exterior del penal ingresaba droga con un drone. Se identificó a la banda: seis personas, de las cuales tres eran internos del penal, están a la espera de un juicio.