La consumación de la salida de un Gobierno democrático en Bolivia retumba en el mundo.

Obligado, Evo Morales renunció después de dos días de acuartelamiento de oficiales de la Policía, y la “sugerencia” del Jefe de las Fuerzas Armadas para que dimita a su cargo.

El contexto de las violentas protestas de las últimas dos semanas era un presunto fraude, aunque la investigación de la Organización de Estados Americanos (OEA) arrojó sólo “irregularidades” en 73 actas comiciales.

Por su sabida tendencia general a gestiones “de derecha”, Morales adujo que la postura de la OEA fue “política” por sobre analítica.

Después de conocida la novedad, el propio presidente denunció que su domicilio en Villa Victoria, Cochabamba, fue asaltado, al igual que propiedades de otros dirigentes políticos.

Los pedidos a las fuerzas de seguridad de parte de ciudadanos, que fueron multiplicando denuncias por olas delictivas, no encontraron respuestas.

En el medio, a Patricia Guzmán, intendenta de Vinto, en Cochabamba, la raptaron para arrojarle pintura roja en la cara y pasearla como una presa por la localidad, después de incendiar la casa comunal.

Además, fueron incendiadas las viviendas de los gobernadores de Chuquisaca y Oruro, además de la hermana del mandatario recientemente dimitido.

Tampoco sirvió de mucho la convocatoria a nuevos comicios realizada por Morales, pese a la confirmación previa de autoridades electorales de que había ganado legítimamente, sin necesidad de acudir a un balotaje.

Las solicitudes de “bajar la tensión” no tuvieron efecto.

Las primeras decisiones, en tal sentido, deberán apuntar a quién conduce el país en estos días, tras la dimisión de toda la línea sucesoria a Evo Morales.

Saquean casa de Evo Morales