La pretensión reeleccionista que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, esbozó en diciembre último sufrió un golpe impactante en el referendo del domingo, en el que el No se encaminaba a triunfar en las ocho preguntas. 

Además, también en las elecciones de prefectos y alcaldes, Revolución Ciudadana, referenciada en el exmandatario Rafael Correa, se anotó triunfos de peso. 

Escrutadas cerca de 70% de las urnas del referendo, en las ocho preguntas el No aventajaba con cierta comodidad al Sí que impulsó el Ejecutivo de Lasso, lo que supone un rechazo de hecho a su gestión, a la que le quedan todavía más de dos años. 

Con el referendo, Lasso buscaba impulsar cambios en la legislación en materia de seguridad, partidos políticos, representación política partidaria, autoridades de control de la administración y cuidado ambiental. 

Con los resultados hasta esta tarde, Ecuador no podrá extraditar a acusados de delitos relacionados con el crimen organizado transnacional ni conformar un consejo que controle la conducta de los fiscales ni reducir el número de integrantes de la Asamblea Nacional (AN, parlamento). 

También ganaba el No en las preguntas para cambiar los requisitos de funcionamiento de los partidos, para dejar sin funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y modificar su designación, para crear un sistema de áreas de protección hídrica en busca de salvaguardar las fuentes de agua y acuíferos y para conformar un sistema de compensación por servicios ambientales. 

Aunque el llamado a votar No reunió a Revolución Ciudadana, Unidad Popular, al socialismo, a las centrales sindicales y a la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), el rechazo a las propuestas de Lasso parece ir más allá de identidades partidarias. 

Tanto como el golpe que supone la victoria del No en el referendo, las autoridades del Palacio de Carondelet van a acusar la pobre performance de fuerzas cercanas al oficialismo y, en contraposición, el buen rendimiento de los candidatos correístas, de izquierda y hasta de Pachakutik, el brazo político de la Conaie, que el año pasado propició un largo paro general. 

Por empezar, Revolución Ciudadana se quedó con las alcaldías de las dos principales ciudades del país: Pabel Muñoz ganó en Quito, truncando las aspiraciones de Pedro Freile y del exalcalde Jorge Yunda, y Aquiles Álvarez se alzó con la de Guayaquil, donde el correismo desplazó después de 31 años a los socialcristianos, que buscaban la reelección de Cynthia Viteri. 

Revolución Ciudadana ganó, además, las prefecturas (gobernaciones) de Azuay, Guayas, Imbabura, Manabí (un bastión de la fuerza), Pichincha (que incluye a Quito), Santo Domingo de las Tsáchilas y Sucumbíos. 

Pero Pachakutik -claramente opositor a Lasso- se quedó con Bolívar, Cotopaxi, Morona Santiago, Napo, Santa Elena y Tungurahua e Izquierda Democrática con Chimborazo y Loja, todo lo cual dibuja una compleja relación a futuro para el Gobierno central con las provincias

También en Cuenca ganó un candidato de izquierda: Cristian Zamora, de Izquierda Democrática, obtuvo la alcaldía con apenas 18,56% de los votos. 

"Van a ser años muy difíciles para la agenda del Ejecutivo y seguramente tendrá que gobernar en el día a día, sin pensar en la posibilidad de políticas de mediano plazo", pronostica Santiago Basabe, de Flacso, citado por la agencia AFP

El analista Sebastián Mantilla Baca, según el diario El Comercio, señaló que “los resultados hasta el momento de la consulta popular reflejan un descontento generalizado contra el Gobierno nacional, que fue aprovechado por Revolución Ciudadana”. 

Mantilla especuló con que “aunque son varios los factores que incidieron en los resultados, a futuro es un termómetro claro de lo que puede pasar en las próximas elecciones presidenciales”. 

“La mala gestión del presidente Lasso ha hecho avivar un voto a favor del regreso del correísmo”, sentenció. 

Desde Bruselas, donde vive desde que dejó la presidencia, Correa le reclamó a Lasso que “llame a muerte cruzada” y “váyase con algo de decencia”. 

La llamada “muerte cruzada”, contenida en el artículo 148 de la Constitución, es un mecanismo por el que tanto el presidente como la misma Asamblea Nacional pueden interrumpir los mandatos y llamar a elecciones para volver a cubrir esos cargos. 

La facultad puede ser ejercida solamente por una vez y durante los tres primeros años de los cuatro que dura el mandato y que ejercen simultáneamente el Ejecutivo y el Legislativo.