En medio de un oscuro panorama, el caso Ayotzinapa avanza hacia un callejón sin salida. La reunión sostenida este lunes entre las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y representantes del Gobierno dejó “un sabor amargo de desilusión", según declaraciones de Vidulfo Rosales, abogado de las familias desde el trágico evento que ocurrió hace nueve años.

Rosales manifestó  su descontento al comparar esta reunión con la que tuvieron la semana anterior con el presidente, Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión, aunque el mandatario no estuvo presente, sí lo estuvo Alejandro Encinas, presidente de la comisión presidencial encargada de la investigación del caso durante estos años.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias. Foto: Mario Guzmán

En la reunión, Encinas presentó una narrativa que, según Rosales, se acerca más a la "verdad histórica" propuesta por el Gobierno anterior que a los nuevos hechos.

Ver: El hallazgo de uno de los 43 desaparecidos contradice la vieja versión oficial

La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que indicaba que se presentó una relatoría con el objetivo de acercarse más a la verdad sobre lo sucedido en la noche del 26 de septiembre de 2014, que se distancia de la versión histórica establecida anteriormente.

Sin embargo, según Rosales, Encinas presentó un informe parcialmente diferente al que se había discutido en reuniones anteriores.

Alejandro Encinas recibe a los familiares de los normalistas. Foto: Silvana Flores

El abogado también destacó las declaraciones del Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, respecto a las conversaciones interceptadas por el Ejército con el grupo criminal, en particular una del 26 de septiembre de 2014. En esta conversación, se menciona la ubicación de algunos estudiantes. El involucramiento de Gildardo López, alias El Gil, se encuentra bajo el rol de testigo protegido de la actual administración.

Las críticas más fuertes están dirigidas a Encinas, quien mencionó la posibilidad de infiltración de los estudiantes en la noche del ataque, reduciendo la responsabilidad a la delincuencia y excluyendo a las autoridades y al Ejército.

Fuente: El  país