En América Latina y el Caribe se generan anualmente alrededor de 216 millones de toneladas de residuos sólidos municipales, según los datos actualizados de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
De esta cifra, algo más de la mitad, el 52%, corresponde a residuos orgánicos y un 19% son materiales que ya se reciclan, como papel, cartón, vidrio y metales y plásticos. Sin embargo, existe una escasa gestión para la recuperación de las diferentes corrientes y fracciones de residuos, y solo el 4,5% se reciclan, menos de 10 millones de toneladas al año. 

El informe refleja que el 56% de los Residuos Sólidos Urbanos (RSUs) son enviados a rellenos sanitarios (vertederos controlados), mientras que cerca del 40% se disponen inadecuadamente en vertederos a cielo abierto, con escaso o ningún control.

El mapa regional muestra que América Latina y el Caribe cuentan con una cobertura nominal del 95% para el área urbana y del 76% para el área rural de servicios de recolección de residuos municipales, aspecto en el que se avanzó notablemente en las últimas décadas. Pero la organización de los servicios en torno a tarifas por tonelada o metro cúbico transportado funcionan como un obstáculo para establecer programas que aumenten la proporción de residuos que se reciclan.

En términos de gobernanza, existen desafíos en cuanto a la planificación de acciones concretas y realizables por gobiernos nacionales y municipales, y si bien en muchos países (como es el caso de Argentina) los municipios están obligados a elaborar planes de gestión de residuos, la implementación de estos no siempre está asegurada.

El reporte consigna también que los esquemas de responsabilidad extendida y/o compartida del productor están tomando cada vez más importancia en diferentes países, como Chile, Colombia y Uruguay, donde recientemente se han establecido obligaciones y metas de recuperación de envases a los productores y fabricantes. Pero se requiere también contar con sistemas de información de datos y cifras oficiales que faciliten el monitoreo y la evaluación de la gestión, así como el diseño y la medición del impacto de diferentes iniciativas y programas.
En Argentina, la legislación de responsabilidad extendida sólo rige, por ahora, para los envases de origen agrícola.

Territorios con vocación turística como playas, se están viendo fuertemente afectados por la creciente contaminación de residuos plásticos causada por la falta de una adecuada gestión de residuos sólidos municipales, especialmente en al interior de los territorios, cuyos residuos llegan a las costas y mares a través de los ríos. Adicionalmente, la pandemia por COVID-19 ha incrementado el consumo de plásticos de un solo uso tanto en hogares como en servicios de salud, como consecuencia del uso de mascarillas, guantes y otro tipo de equipos de protección personal; asimismo, en algunos países, las medidas de prohibición de plásticos de un solo uso han sido, al menos, revisadas.