Formalmente, proponen definir al "Ecocidio" como los “actos ilícitos o excesivos cometidos con conocimiento de que existe una probabilidad sustancial de que causen daños graves y generalizados o a largo plazo al medio ambiente”. 

La definición fue elaborada en junio de 2021 por un panel de expertos independientes compuesto por 12 abogados de todo el mundo, convocados por la Fundación Stop Ecocide.
Para ejemplificar, citan como crímenes que podrían perseguirse los derrames de petróleo, la pesca de arrastre en aguas profundas o la deforestación. 

Origen del término

La historia del término “ecocidio” tiene sus raíces en la Guerra de Vietnam. De 1962 a 1971, las fuerzas militares de los Estados Unidos rociaron casi 80 millones de litros de diferentes agentes químicos tóxicos sobre 2,5 millones de hectáreas de Vietnam. 
Su objetivo era destruir la cubierta forestal y las fuentes de alimento utilizadas por las tropas de la resistencia.

Pero los productos químicos dejaron un rastro devastador de cáncer, defectos de nacimiento y bosques estériles, lo que llevó al biólogo estadounidense Arthur W. Galston a acuñar el término "ecocidio" en la década de 1970 para protestar por el daño ambiental y social masivo que había ocurrido.
Igual que Einstein, Galston contribuyó con su trabajo de investigación a los descubrimientos que transformarían al gas naranja en un arma que provocó, según la Cruz Roja de Vietnam que hasta 1 millón de personas fueran discapacitadas o tuvieran problemas de salud.

Penalizando el ecocidio 

Son varios los países que ya han implementado leyes nacionales de ecocidio, incluidos Rusia, Kazajstán, República Kirguisa, Tayikistán, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Armenia y Vietnam.
En este último país, desde 1999 el Código Penal establece que “aquellos que, en tiempo de paz o de guerra, cometan (...) actos de ecocidio o destruyan el medio ambiente natural, serán condenados a entre 10 y 20 años de prisión, cadena perpetua o pena capital”.

También se pueden citar los casos de Bangladesh, Chipre, Reino Unido y Bolivia, en donde los parlamentos están en proceso de incorporar leyes, que aún se encuentran en las primeras etapas. Bangladesh discute formalmente hacer del ecocidio un crimen doméstico.
Sin embargo, la aplicación nacional de las leyes de ecocidio es limitada, con pocos informes de enjuiciamientos exitosos desde la década de 1990. Es por eso que algunos activistas creen que se necesita una ley internacional de ecocidio.

El ecocidio como delito internacional

Existe un creciente movimiento de base para criminalizar el ecocidio en la Corte Penal Internacional (CPI), la corte intergubernamental reconocida por 123 estados. En la actualidad, la CPI juzga a personas por cuatro delitos: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión (ataques militares no provocados). 

Los activistas dicen que agregar el ecocidio a esta lista cambiaría “profundamente” la situación al dejar en claro que la destrucción ambiental es moralmente inaceptable. Además, debido a que la CPI procesa a personas y no a instituciones, una ley internacional de ecocidio terminaría dirigiéndose en contra de los principales responsables en la toma de decisiones, como los altos funcionarios de las corporaciones. 

Stop Ecocide dice que esto tendrá un poderoso efecto disuasorio ya que ningún líder empresarial "querría ser visto del mismo modo que un criminal de guerra".

Igual que con los delitos ya habilitados, si los estados partes del Estatuto de Roma (el tratado que rige la CPI) aceptasen una enmienda para incluir el ecocidio, también deberán incorporarla en la legislación nacional. Y la CPI se utilizará entonces como “último recurso” cuando los tribunales nacionales no puedan, no quieran o fallen para enjuiciar a los perpetradores. 

El proceso, formalmente, debe ser iniciado por los estados miembro y algunos, como Vanuatu, han expresado públicamente su apoyo a la criminalización del ecocidio en la CPI. Pero ninguno ha iniciado el proceso oficial para introducir esta enmienda. 

Como siempre en estos procesos, hay voces en contra: algunos académicos han destacado problemas con la definición de ecocidio del panel de expertos independientes y otros cuestionan la posibilidad de incorporar este nuevo delito desde una mirada más política.

El proceso recién comienza y sin duda podría sentar un nuevo mojón en la lucha contra el cambio climático, pero, dada la presión de los lobbies empresarios y de la resistencia política de las naciones más contaminantes, difícilmente ocurrirá en el futuro inmediato.