El Consejo Interuniversitario Nacional discutirá incorporar la perspectiva de género con vistas a la reunión de rectores en el mes de abril.

Las universidades nacionales debaten la incorporación de la perspectiva de género, en el interior de sus aulas, a través de la puesta en práctica de la Ley Micaela.

La normativa que se sancionó a fines del 2018, lleva el nombre de la joven que fue víctima de un femicidio en la ciudad de Gualeguay, establece la capacitación obligatoria en la prevención de la violencia de género a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres.

Este lunes el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que preside el rector de la Universidad Nacional de Córdoba Hugo Juri, promovió el avance en la materia con vistas a la reunión de rectores que se realizará en la provincia mediteránea durante el mes de abril.

“Vemos que nos falta una respuesta inmediata que tenemos que dar las autoridades ante situaciones que vulneran la cuestión de género. Si bien de hecho lo hacemos, estas tienen que surgir de manera automática, a partir de protocolos establecidos, cuando detectemos situaciones de violencia de género o de desigualdad”, indicó Juri.

Analía Barrionuevo, coordinadora del Programa de Género de la Secretaría de Extensión, también participó de la reunión del CIN. “Es un trabajo a mediano y largo plazo frente a una estructura patriarcal, un sistema asimétrico y desigual de relaciones que genera una tensión entre los géneros", estimó.

La comunidad universitaria se vio conmovida días atrás por la publicación de chats, con contenido misógino, que se atribuyó a docentes y ayudantes alumnos de la cátedra de Anatomía Normal de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC.

La publicación en la redes sociales abrió el camino a una investigación académica y la suspensión preventiva de los involucrados. En tanto que, en el plano judicial, la presentación que hizo el propio Juri fue archivada porque el fiscal Gustavo Vidal Lascano consideró que no existe delito ante “comentarios lamentables" que no configuran amenazas coactivas ni un abuso de autoridad.

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