Este viernes 3 de noviembre se realizará la décima edición de la Marcha por la Salud Mental con el objetivo de defender las leyes sancionados en la materia. Por eso, convoca a personas usuarias, familiares, trabajadores, estudiantes y a la sociedad en general, a las 17 horas, en Colón y Cañada. Una vez más el lema será “La salud mental no se negocia”. 

Para conocer cuál es la situación de la Salud Mental en la provincia de Córdoba y los argumentos para movilizarse, el programa Redacción Abierta, realizó su última edición con Martín Passini, integrante del Observatorio de Salud Mental y DDHH; Solana Yoma, Licenciada en Psicología; y Mari Morillo, presidenta de la Asociación de Usuarios Confluir. 

El principal reclamo es el cumplimiento y plena aplicación de la Ley de Salud Mental, sancionada en 2010. La normativa es considerada a nivel mundial como un ejemplo de avanzada por su enfoque en los derechos humanos y en la promoción de un modelo de salud mental comunitaria que fomente la inclusión de los pacientes. 

Además, entre las demandas se encuentra la subejecución del presupuesto para salud mental desde hace una década. Como señaló Yoma, no sólo se trata de la asignación de recursos sino de cómo se distribuyen las partidas. “Actualmente el grueso del presupuesto se destina al mantenimiento de los hospitales neuropsiquiátricos”, sostuvo. Sin embargo, la Ley de Salud Mental establece la desmanicomialización, prohibiendo la creación de nuevos establecimientos y cerrando los existentes. 

“El año 2020 fue el plazo que estableció la Ley para el cierre y reemplazo de los manicomios, por eso hoy Córdoba está en la ilegalidad”, informó Yoma.  

“Para cerrar, hay que abrir”, expresó Passini y continuó: “Para que no existan más los manicomios, tiene que haber más casas de medio camino, es decir poner a disposición otros dispositivos sustitutivos”. Sin embargo, aclaró que en la provincia la realidad dista mucho de cumplir con la apertura de estos espacios, “se están cerrando”.

En ese sentido, Yoma aseguró que en los hospitales siquiátricos se vulneran los derechos de las personas internadas, “tienen prácticas de encierro, de segregación, de castigo, persistencia de maltratos. Incluso en el Centro Psicoasistencial han muerto personas”, contó la psicóloga. 

De allí que, Morillo expresó la necesidad de ser tratados con amor. 

“Cuando alguien ve en la calle a una persona con un episodio de salud mental no debe llamar al 101, hay que llamar al 107, porque es un problema de salud”, sostuvo relatando situaciones de maltrato por parte de la Policía. “Encima del dolor que tenés el alma, te pegan, es injusto”, dijo.

Para la psicóloga, además del cuidado y acompañamiento amoroso es fundamental un abordaje integral de los padecimientos de las personas. “Entonces, no sólo debe ser atendido desde la salud si no desde otros ámbitos del Estado. Es clave pensar en equipos interdisciplinarios”, indicó. 

La usuaria también destacó la importancia de los talleres recreativos como parte del tratamiento. “A parte de la medicación hay que enviar a los usuarios a hacer radio, expresión corporal, porque los talleres te sacan de lo que tenés, dejás de pensar. Hay profesionales que se resisten a esto”, comentó. 

“No somos conejitos de india, somos personas que sentimos, que tenemos sueños, si nos medican tanto y nos encierran, se nos van esos sueños”, manifestó la presidenta de Confluir. 

En ese sentido, Yoma agregó: “Luego de un diagnóstico de salud mental es muy díficil acceder a otros derechos sociales. Por ejemplo, lo más probable es que esa persona no consiga trabajo, no pueda alquilar”. 

Marcha por la Salud Mental en Redacción Abierta