Mientras uno de los dos candidatos a gobernador con mayor probabilidad de ser elegido hace buen rato ha iniciado su campaña electoral, el otro candidato con chances, hace fintas desde las sombras de la indecisión y el misterio, con el actual gobierno provincial, que juega a las adivinanzas sobre la fecha de las próximas elecciones en la ciudad de Córdoba. 

Claramente ese no es un dato menor. Porque ya conocido que el próximo domingo 25 de junio se votará para gobernador, de la fecha que se fije para la ciudad de Córdoba —el lugar con más votantes de la provincia— se configurarán las distintas estrategias electorales. Por esa razón, uno no quiere anunciar y del otro lado nadie quiere mostrar el juego. Ese es el profundo debate que marca la agenda política hoy en Córdoba. 

En medio de esos movimientos que se realizan con estudiadas encuestas sobre la mano, y que permiten a los candidatos saber no solo que a nadie le sobra absolutamente nada, —ni un solo voto— sino que en el mejor de los casos los dos principales contendientes superan poco más del 30% del electorado —una cifra que no da una certeza de nada a la hora de vaticinar un posible resultado—, la disputa en estos días está centrada en la estrategia de sorpresa no solo sobre las fechas de las elecciones, sino también sobre la integración de las fórmulas y la política de alianzas, tanto oficiales como disimuladas.

Mientras todos ponen la mirada en estas maniobras electorales que buscan ganar las elecciones con la misma técnica del truco, es decir con maniobras, guiños, engaños y hasta con algunas mentiras, surgen otros indicadores de la realidad que parece no han sido tenidos en cuenta seriamente por los candidatos. 

Por un lado, las encuestas marcan que para los cordobeses el principal problema es, por lejos, la inseguridad, elegida por casi el 50% de los encuestados entre los temas que más preocupan a los habitantes de la provincia. Bastante más lejos, y con el 20%, siguen los problemas de inflación. Claramente, si la señora inseguridad decidiera ser candidata, arrasaría en las próximas elecciones provinciales.

Sin embargo, la clase política parece no haber advertido que las calles cordobesas hierven y no solo por la ola de calor. Como nunca antes se había visto, los vecinos de la ciudad de Córdoba y de algunas localidades del interior, han comenzado a manifestarse públicamente y a ocupar las calles reclamando mayor seguridad, hartos de la falta de respuestas serias y de los robos. Exigen resultados. Y resulta muy llamativo, y una clara señal de alerta que, en medio de una situación de virtual hiperinflación, el paisaje urbano no registra ollas populares como en otros tiempos, sino que esas tristes postales han sido reemplazadas por la indignación y la impotencia de vecinos que reclaman y exigen mayor seguridad. 

Tal vez muy pocos han caído en la cuenta que del mismo modo que sucede con el sistema bancario y financiero, un sistema de seguridad se basa en la confianza. Y hoy, el proveedor monopólico de la prevención del delito en Córdoba que es la Policía de la Provincia, tiene una imagen absolutamente devaluada y desacreditada. Se ha llegado a un estado de situación dónde la credibilidad y confianza en el sistema policial cordobés es absolutamente inexistente, porque ya nadie cree en la Policía de la Provincia de Córdoba, con el agravante de que su imagen negativa es altísima. En otras palabras, los encargados de dar respuesta al problema que más aqueja a los cordobeses, carecen totalmente de legitimidad, y son abiertamente rechazados por la ciudadanía cordobesa, de manera unánime. 

CRISIS

Los procesos judiciales que tienen como imputados a policías, se suceden uno tras otro casi sin cesar, a punto tal que pareciera surgir en Córdoba la necesidad de abrir un fuero exclusivamente dedicado a tramitar causas relacionadas a delitos cometidos por integrantes de la Policía de Córdoba. Con esta ironía esperemos no estar dando ideas. 

Esta misma semana se espera la sentencia por la muerte de la señora Lidia Cabrera, brutalmente asesinada a golpes por un problema vecinal menor, hecho en el que participaron dos ex policías —padre e hijo— y dónde también está acusada la hija del principal imputado, que es policía en actividad. La señora Cabrera murió como consecuencia de los golpes que el principal acusado le propinó con una baldosa, y que le destrozaron el cráneo, mientras estaba en el suelo absolutamente indefensa y sin representar ningún tipo de peligro para sus agresores.

Hace unos días terminó el proceso en el que se juzgó el homicidio de Isaías Luna. Y en el juicio quedó demostrado, más allá de las penas absolutamente insignificantes e irrisorias, que Luna no solo fue ejecutado estando desarmado, sino la perversa maniobra que de manera casi automática despliega la Policía de Córdoba en estos casos: matar y encubrir. Por ese hecho terminaron condenados seis policías, pero todos quedaron inmediatamente en libertad. Hay versiones que indican que de haber sido más altas las penas, los policías implicados habrían amenazado con hablar, una estrategia que habría generado terror en la Jefatura de Policía, porque tanto el Sub Jefe como la propia Jefa de Policía estuvieron en el lugar a poco de cometido el asesinato, resaltando “las virtudes” del accionar policial ante las cámaras. Todo indica que una afinada línea de tiempo podría haber dejado al descubierto uno de los mayores escándalos institucionales de la historia de la Policía de Córdoba.

En estos días se están dando las palabras finales por el escandaloso asesinato de Valentino Blas Correas y el intento de homicidio de sus amigos, dónde están imputados trece policías. Y todo indica que la eventual sentencia podría transformarse en un caso líder en cuánto a casos de violencia institucional en Córdoba. Pero no solo los policías traídos a proceso están complicados, sino que uno de los representantes de la querella pidió se investigue a la actual Jefa de Policía, y uno de los fiscales de cámara que también se investigue al exministro de seguridad Alfonso Mosquera y a un grupo de oficiales jefes y superiores, por eventuales responsabilidades relacionadas al hecho, y particularmente, al mecanismo de encubrimiento que ya nadie duda, alcanza a muchas más personas que no son necesariamente policías, lo que daría comienzo a la causa que se conocerá públicamente como “Blas II”.

Se estimaba que en el mes de mayo podrían comenzar las audiencias por el brutal homicidio de Joaquín Paredes, ocurrido en Paso Viejo en el año 2020, pocos meses después de ocurrida la muerte de Blas. Pero todo indica que la fecha de elecciones provinciales recientemente anunciadas, generarán seguras y convenientes demoras que permitirán al Poder Judicial, pasar ese escandaloso proceso hasta después del acto eleccionario.

Mas allá de que nadie lo diga, todos estos hechos son golpes extremadamente duros no solo para la credibilidad de la institución policial, sino fundamentalmente para los integrantes de la Policía de Córdoba. Porque han generado y seguirán generando una cantidad impresionante de policías condenados, pero además la tremenda incertidumbre de muchos otros aún en actividad sobre los que hay pedidos de investigación en curso o podría haberlos. Y como si fuera poco hay requerimientos de investigación relacionados con altos funcionarios policiales, incluso y como dijimos anteriormente, sobre la actual Jefa de Policía, Comisaria General Liliana Zárate Belletti.

Todo esto ha generado hacia el interior de las filas de la Policía de Córdoba una enorme crisis de mando y representatividad, que se ha esparcido capilarmente y ha hecho metástasis a lo largo de la cadena de mandos, alcanzando niveles muy preocupantes; situación que se encuentra disimulada e invisibilizada entre medio de muchas otras crisis, no solo policiales. 

Pero los síntomas de la enorme turbulencia interna que afronta la Policía de Córdoba, aparecen cada vez con mayor frecuencia, y se manifiestan por ejemplo en los sucesivos e inexplicables cambios y enroques que se han dado últimamente en la Dirección de Seguridad Capital y que no sólo son producto del crecimiento exponencial de los ilícitos que más alarma producen, sino que todos saben y conocen cuál es el origen del problema: actualmente, en la Policía de la Provincia de Córdoba casi nadie quiere trabajar, y la mayoría de sus integrantes, sean de la jerarquía que sean, solo se dedican a simular que lo hacen.

CÁMARAS Y CELULARES: LOS ARTEFACTOS QUE CAPTAN LA CAPACITACIÓN POLICIAL DEL PASADO EN ESTE PRESENTE. 

Los integrantes de la Policía de Córdoba observan casi a diario cómo sus compañeros y jefes ocupan la centralidad de las noticias, por estar relacionados a situaciones escandalosas y delictuales en un proceso que lejos de tener fin, parece agravarse cada día más. 

Particularmente, el avance de la tecnología que todo lo ve y todo lo registra, sumado a la rapidez con que fluyen las noticias por las redes sociales, ha poblado la calle de eficientes reporteros y camarógrafos de ocasión. Y eso ha generado que por ejemplo la gente filme, publique y reproduzca hasta el hartazgo cómo un patrullero se adelanta en doble fila, obligando a la Jefatura a una serie de malabares discursivos que nadie cree y que sólo refuerzan el doble estándar con el que se manejan.

El tema no es que los integrantes de la Policía de Córdoba cometan más delitos que antes, sino que ahora todo se ve y todo queda registrado. Y la crisis se genera, precisamente, porque nadie en estos cuarenta años de Democracia les impuso un drástico cambio de paradigma, que dejara de lado los militarismos absurdos y convierta a la Policía de Córdoba, incluso nominalmente, en una moderna y eficiente agencia de prevención del delito, poblada de profesionales de todas las áreas —que a Córdoba le sobran— y con medición permanente de actuación y eficiencia. 

Es absolutamente inadmisible que por ejemplo en la inmensa estructura de recursos humanos con que cuenta la Policía de la Provincia de Córdoba no encontremos ni un solo profesional perteneciente al campo de la antropología social. Pero peor aún es que los integrantes del Estado Mayor ni siquiera imaginan en qué podría asistirlos técnicamente una persona capacitada en esta materia. Y así en una larga lista de etcéteras en los que a profesiones y profesionales se refiere.

Por no haber cambiado sus patrones de cultura, o por haberlo hecho solo en lo formal y discursivo, pero no en lo real y profundo, es que los policías de todas sus jerarquías no cuestionan la inmensa perversidad que significa matar y plantar un arma como ocurrió en el caso de Blas o en el caso de Isaías Luna, sino que para ellos el problema radica en la existencia de cámaras y dispositivos de seguimiento que detectan esas situaciones. 

Que “los mandan al frente”, y que no les permiten “trabajar”, una serie de eufemismos que desnudan y ponen al descubierto cuál ha sido la verdadera metodología que, por años, informalmente se les ha enseñado. Nadie o muy pocos policías fueron instruidos para llevar adelante la labor policial de otra forma y con otros métodos; y ante esta situación que los abruma, se sienten absolutamente desorientados, impotentes y completamente desmotivados.

Porque del mismo modo que al observar el espacio profundo a través de un radiotelescopio apreciamos una realidad que ocurrió mucho tiempo antes de este presente, de la misma manera lo que registran las cámaras y celulares respecto de la actuación policial es el nítido registro de una instrucción policial sumamente antigua y desactualizada, absolutamente ineficiente para combatir el delito actual, y sobre todo tan ilegal como peligrosa, para terceros, pero también para los propios operadores. Sucede que nunca se intentó un cambio profundo en estas prácticas tan informales como delictivas y que han constituido por años la columna vertebral de la “eficiencia” policial. Porque para muchas generaciones de policías, sin arbitrariedad y permisos para transgredir la ley, no hay posibilidad alguna de disminuir el delito.

DESMOTIVACIÓN Y FALTA TOTAL DE INCENTIVOS

Y por esa razón, la otra cara de la moneda del crecimiento alarmante de la inseguridad en Córdoba es una silenciosa y corrosiva política de brazos caídos por parte de los uniformados, algo de lo que no se habla pero que todos dentro de la fuerza saben a qué hacemos referencia. 

Los integrantes de la Policía de Córdoba están absolutamente desmoralizados y desmotivados, y desde los mismos institutos de formación policial, es decir cuándo aun ni siquiera tienen estado policial, las muchachas y muchachos que formarán parte de la Policía de Córdoba por los próximos 25 o 30 años debaten y deliberan sobre este tema. Y lamentablemente la mayoría egresa dispuestos solo “a cuidar el empleo y el sueldo”, justamente porque no advierten que existan márgenes de actuación sin transgredir la ley. Por esa razón, se advierte que la falta de propuestas de cambio no solo afecta este presente, sino que hiere de muerte cualquier expectativa a futuro.

Aprovechando esta situación de desgano y desmotivación policial absolutamente pública, en los últimos días y de manera totalmente irresponsable, ha estado circulando por redes sociales la noticia —que queremos creer que es falsa— relacionada al inicio de una inminente huelga policial en Córdoba, algo que ya todos los cordobeses condenamos abiertamente, porque sabemos las terribles consecuencias en vidas y bienes que una situación como esta puede generar. Los recuerdos de la fatídica noche del 13 de diciembre de 2013 aún están frescos en el recuerdo de la mayoría de los habitantes de Córdoba. Y del país.

Pero esto demuestra que esa realidad de completa desorientación y total falta de iniciativa es real, y se visualiza como un campo fértil y abonado, completamente listo para recibir la semilla de la rebelión y el amotinamiento, que muy lejos de traer soluciones promueve una situación de anarquía con consecuencias inimaginables. De ahí la enorme irresponsabilidad institucional que significa no advertir estos hechos y actuar en consecuencia. 

SEQUÍA TOTAL DE PROPUESTAS

Ante este complejo panorama, y dónde claramente la solución no pasa por la entrega de más móviles y más equipos, sino por generar cambios reales que motiven a las y los operadores policiales que van a utilizar ese equipamiento, nos encontramos con lo que dijimos al principio: que los principales candidatos se encuentran jugando al truco electoral mientras todo se quema. Ante la mirada atónita de todos los cordobeses, y sin que hasta el momento se les haya caído una sola idea que permita a los habitantes de Córdoba, poder vislumbrar una salida seria que permita superar esta situación tan compleja, que entendemos, puede ser terminal para el sistema de seguridad en Córdoba. Peor aún: todo parece indicar que la improvisación y el oportunismo se ha apoderado de las pocas propuestas que se han escuchado. 

Desde traer del pasado algunos señores comisarios retirados, seguramente tan oxidados como fracasados, “sugerencia” hecha por magistrados federales que se perciben como “exitosos” a contrapelo de toda la realidad; hasta hablar de movilizar el ejército, cuándo estas son razones tan alejadas de las facultades de un gobernador de provincia, que la experiencia del propio Omar Perotti en Santa Fe deberían servir como prueba y evidencia, tanto de lo inservible como de la impotencia de la idea —sin entrar en consideraciones más profundas— los ciudadanos de a pie de esta provincia no hemos escuchado aún ninguna propuesta seria en lo que respecta a la mayor preocupación de cordobeses y cordobesas: la inseguridad.

Pareciera por momentos cómo que los principales líderes políticos están inmovilizados y carecen de propuestas serias al respecto. Esperemos sea solo un error de percepción. 

Pero ya podemos adelantar que si no hay coraje político que permita una mirada alternativa y realista al problema de la seguridad de Córdoba; si no se integra un equipo de asesores que se animen a propuestas que superen la tradicional receta de más policías, más chalecos y más patrulleros; si no se admite y acepta que la violencia institucional es la enfermedad terminal de cualquier política de seguridad seria; y sobre todo, si no hay decisión de aumentar significativamente el presupuesto de seguridad en Córdoba y en particular el salario del personal policial, el problema inexorablemente se va agravará. Aumentará la impunidad, el delito se volverá una opción cada vez más rentable y con menos riesgo, y los índices delictivos se elevarán de manera alarmante. 

Si eso sucede, en un futuro no muy lejano la ciudadanía cordobesa comenzará a jaquear de una manera hoy impensada al poder político, sea del signo que sea, con crecientes reclamos y virulentas reacciones. Porque se debe reconocer que el drama de la inseguridad ha transformado completamente el paisaje urbano y las costumbres de las personas que lo habitan; transformando los barrios cordobeses de una manera tan brutal como drástica. 

Pero esa transformación impuesta forzosamente tiene un límite de tolerancia, y todos los indicadores parecieran señalar que estamos muy cerca de alcanzarlo. Tanto las encuestas como los datos de la realidad parecen indicar que en Córdoba estamos ante lo que parece ser el inicio de una corrida en materia de seguridad, porque la pérdida de confianza de la gente en relación a la empresa monopólica del servicio de prevención del delito, y sus gerentes y gerentas, es total. 

Por ese motivo, en materia de seguridad no quedan alternativas: propuestas de cambio o simplemente la opción de una peligrosa continuidad, que implica seguir administrando la institución policial con las mismas recetas del pasado, convenientemente aggiornadas y provistas generalmente desde la misma estructura policial. Esa estructura que considera la “intromisión civil” como un pecado mortal, sin advertir que también sus integrantes lo son; y los destinatarios y mandantes de su actividad también reúnen esa condición. En realidad, todos somos civiles, pero solo los policías siguen aferrados a la peligrosa ficción de que no lo son. Y manteniendo esa idea absurda, siguen caminando hacia el abismo, llevando de la mano al poder político de turno.

Sea quien sea quien gane, no quedará más alternativa que optar por un cambio o por la continuidad. En este caso, ojalá se advierta a tiempo el carácter peligrosamente terminal, desde el punto de vista electoral, que tiene la continuidad de políticas de seguridad que han sido un total fracaso, desde 1983 a la fecha.

Por el bien de sus proyectos, pero especialmente de todos los cordobeses y cordobesas, esperemos que cuándo dejen de jugar al truco electoral, los candidatos puedan comprender que las próximas elecciones van a estar atravesadas por un tema central: los debates relacionados a la seguridad. Y que la gente quiere y necesita conocer las propuestas. Ya hartos de padecer todos los días hechos de inseguridad, el pueblo quiere saber, por fin, de que se trata y que es lo que proponen.

No parece haber márgenes de maniobra para discursos formales, simplones o sin fundamento en materia de seguridad. Por ese motivo el futuro éxito o fracaso electoral dependerá en gran medida de los aciertos y errores que los candidatos puedan tener de la lectura de esa parte de la realidad. Y para eso es necesario tener conocimiento profundo de la situación, pero, sobre todo, de contar con el gran coraje que se necesita para implementar medidas que superen esta enorme crisis institucional que parece no tener fin ni solución.