El gobierno de Carlos Menen produjo profundas reformas en el sistema educativo en todos sus niveles. Iniciadas a principios de los 90, las más importantes  se enmarcan en  las leyes de: Transferencia (1991),  Federal de Educación(1993) y  de Educación Superior (1995), entre otras medidas.

 La ley de Transferencia de Servicios Educativos  completó la descentralización iniciada por  Ongania y  Videla. Se  transfieren  los servicios educativos nacionales del nivel medio y  las instituciones de formación docente a las administraciones provinciales, así  la totalidad de las instituciones (salvo las universidades) quedan bajo la responsabilidad pedagógica-administrativa y financiera de las jurisdicciones Esta descentralización generó desigualdad entre los sistemas provinciales  en sus posibilidades de financiación y en el acceso a recursos por falta de financiamiento de Nación  

La ley Federal de Educación  estableció  una reestructuración  de la organización del sistema educativo: cambios en la enseñanza primaria y secundaria;  inclusión del nivel inicial y extensión  de la obligatoriedad  de la enseñanza a 10 años. Se reestructuró  el Ministerio de Educación, sin servicios educativos a cargo direccionando  los procesos de reforma.  Sin embargo, los cambios produjeron fragmentación del sistema educativo, consolidaron la desigualdad social existente, mayor  inclusión y menor  retención, baja calidad reflejada en la reducción de los contenidos, deficiente capacitación docente,   acompañado de  bajos salarios docentes y falta de recursos  para infraestructura  

El discurso pedagógico se impregnó  de terminología neoliberal tanto en  los documentos oficiales  como en las capacitaciones docentes. Es así que se habla de  “competencia”   como principio de organización social  “libertad” y  “autonomía”  como vías para obtener logros y  “ necesidad de alcanzar “eficiencia y racionalidad”,  se define como “consumidores ” a padres y alumnos. Se afirmaba que estas políticas permitirían la incorporación al “primer mundo”, al “desarrollo tecnológico” y posibilitarían  la obtención de mejores trabajos. Estas ideas  fueron imponiéndose  a fin de construir un consenso incluyendo tanto a  autoridades,  pedagogos ,  medios de comunicación y docentes y padres que pensaron que  así mejoraría la educación. Estas reformas fueron resistidas por gran parte de los docentes y sus gremios, la instalación de la Carpa Blanca es ejemplo de ello.

El nivel universitario también fue alcanzado por estas políticas, la más importante fue la sanción de la Ley de Educación Superior. Al inicio, surge la nece­sidad de  reformar  este nivel en concordancia con lineamientos del BM. La reforma se enfoca desde un criterio  economicista y desconociendo las particularidades de las universidades nacionales y su historia Estas se encontraban en una situación crítica tanto en recursos  materiales como académicos para cumplir con sus funciones.  En coincidencia con el diagnóstico realizado por el BM,  el gobierno  caracterizó  al sistema universitario  por  “uso deficiente de los recursos, alta tasa de deserción,  bajo índice de graduación,  escaso o nulo acceso  de sectores populares y falta de garantías sobre la calidad de la enseñanza”. Esto sustentaba la necesidad  que las universidades generasen recursos propios para financiar  parte de sus gastos, reasignar los recursos, restringir el ingreso, financiar becas , penalizar la escasa regularidad en la cursada y someter las carreras e instituciones a acreditaciones y evaluaciones periódicas. Esta representación del sistema universitario constituiría la base  para el desarrollo de la política sectorial.

Para llevar adelante las reformas se crean organismos específicos, entre los que se destaca la Secretaria de Políticas Universitarias. La promulgación de la LES fue fuertemente resistida por los universitarios. Se aprueba en 1995 en medio de  movilizaciones multitudinarias, toma de facultades y protestas diversas. Se realizaron presentaciones judiciales rechazando la ley,  algunas universidades obtuvieron amparos. Las  principales críticas  sostienen que limita el principio de autonomía, no garantiza la gratuidad de la enseñanza, facilita la creación de universidades privadas, no resuelve el problema presupuestario, entre otras. Las  protestas defendieron fuertemente la autonomía y la gratuidad de la enseñanza. Durante todo el periodo las universidades sufrieron recortes presupuestarios, deterioro de los salarios , viéndose  empujadas a recurrir a  venta de servicios y otras estrategias para obtener recursos. Fue un periodo de confrontación y resistencia.

Un impacto importante de la ley, fue la incorporación de  mecanismos de acreditación y evaluación de carreras de grado y posgrado, al crearse  la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

En síntesis,  la política educativa del gobierno de Menem estuvo guiada por  principios neoliberales con  apoyo financiero y técnico de organismos internacionales. A pesar del discurso oficial y anuncios de mejoras de la calidad, en general,  el sistema no solo no mejoró sino que en muchos casos se agudizaron los problemas.