Esta semana se hizo oficial la noticia del ingreso de las leyes de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y de los “Mil días” (de protección a las embarazadas en situación de vulnerabilidad para llevar adelante el embarazo y la crianza). Así lo afirmó la secretaria Legal y Técnica del gobierno, Vilma Ibarra, que anunció a través de los medios el ingreso del proyecto del Ejecutivo a la Cámara baja durante este mes de noviembre.

Incluido en el programa electoral del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández lo ratificó en su discurso de asunción: la IVE volvería al Congreso, esta vez avalada por la totalidad del Gobierno. Marzo era la fecha prevista antes de que se instalara en el centro de la escena la pandemia. Y, como tantos otros proyectos, la iniciativa se postergó.

Pero, apenas recuperada mínimamente la actividad parlamentaria, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito –que lleva más de quince años bregando por la aprobación de una ley que garantice autonomía y seguridad para las mujeres que abortan- volvió a la carga con su consigna "Es urgente, es ahora".

Como todo lo que tiene que ver con la protección y ampliación de los derechos humanos, una ley que proteja la situación de las mujeres no sería posible por la voluntad particular de un grupo de legisladoras y legisladores. Nada se habría conseguido si no fuera por la presión de los hechos y de la voluntad de las personas organizadas y ocupando el espacio público. Eso fue lo que se vivió en las jornadas de movilizaciones previas y durante el debate en 2018. Con una masividad que asombró literalmente al mundo entero, las mujeres inundaron las calles reclamando que sea ley. Y aunque se logró media sanción, los votos del Senado fueron insuficientes. Unos pocos legisladores le dieron la espalda no sólo a los millones de mujeres movilizadas si no, lo que es gravísimo, a una realidad insoslayable: hay abortos desde que hay memoria; algunos salen bien, muchos mal y en la inmensa mayoría de los casos el resultado está ligado a las posibilidades económicas. “Hipocresía al palo”, como dicen las pibas, porque con más o menos secretismo, en todas las familias hay una hija, una hermana, una amiga, que tuvo que pasar por la clandestinidad de un consultorio o algo parecido, otra vez según el poder adquisitivo.

En 2018 el voto de la doble moral, de la que hay innumerables ejemplos, eligió que el aborto siga siendo clandestino. Y la seguridad jurídica que se reclama para tantas cosas le dio la espalda a las miles de mujeres al año que llegan al sistema de salud pública con complicaciones producidas por abortos clandestinos. Y a las que ni siquiera llegan, mueren y engrosan las estadísticas de un Estado que no hizo nada para protegerlas.

“Que nadie se deje llevar por la cultura de la derrota. Bravo chicas, han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas… Esta causa esta noche tiene un pequeño descanso…Será Ley, habrá ley contra viento y marea”, dijo en aquel momento el senador Fernando Pino Solanas, muerto por COVID-19 días atrás.

Hace más de un siglo las pioneras del feminismo reclamaban la despenalización del aborto y estaban muy solas. Poco a poco, a lo largo del siglo XX, ese reclamo fue siendo atendido en la mayoría de los países del mundo. En la última década, el reclamo de las mujeres argentinas se hizo cada vez más masivo. Las más jóvenes, la marea verde, en la primera línea de una lucha impensable sin la tenacidad de la Campaña y del resto de las organizaciones de mujeres que sostuvieron la agenda de la igualdad, la autonomía y el derecho a decidir.

Hay coincidencias sospechosas. Quienes votaron en contra de legislar el aborto también se manifiestan en contra de la Educación Sexual Integral. “Con mis hijos no te metas”, dicen, porque quizás solucionarán en privado lo que la inmensa mayoría quiere prevenir con políticas públicas. Con educación, para decidir libremente, y con anticonceptivos, para no tener que abortar. Pero además, los datos duros indican que aquí y en la mayoría de los países del mundo es cuestión de vida o muerte. Quienes están a favor de la vida tienen la obligación ética de legislar para que se garantice el acceso legal, seguro y gratuito a la interrupción del embarazo. De lo contrario, el aborto seguirá siendo peligroso y clandestino.