Una vez más la sociedad se indigna ante un terrible hecho de violencia sexual: la repetida violación y posterior embarazo de una nena de diez años en Monte Caseros, Corrientes, que tomó estado público días atrás.

La víctima era violada por su padrastro, de 31 años. La madre se dio cuenta del crimen cuando la niña ya tenía 21 semanas de gestación y realizó la denuncia. Él quedó detenido con prisión preventiva a la espera de un juicio oral, y la nena fue derivada al hospital materno neonatal Eloisa Torrent de Vidal, en la capital correntina.

Una nena de 10 años fue abusada: está internada con un embarazo a término

 

A partir de aquí empieza el relato de una múltiple humillación, donde la niña es revictimizada en reiteradas oportunidades por los médicos, la justicia y el Estado provincial.

En un país donde cada tres horas una nena de entre 10 y 14 años es obligada a parir, gestar y criar, justo y reparador hubiera sido que se le practique inmediatamente un aborto, como lo contempla la legislación argentina para estos casos hace ya casi cien años. Pero cuando la víctima es derivada al hospital, los médicos deciden judicializar la gestación, obviando por completo el interés y el derecho de la víctima. 

Abortar un embarazo producto de una violación es legal en Argentina, y debería haberse producido sin que intervenga la justicia. Es un derecho consagrado desde 1921 en el artículo 86 del Código Penal, y la jurisprudencia lo respalda desde 2012 con el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero el Estado correntino se declaró "pro vida" en varias oportunidades, con el gobernador Gustavo Valdés a la cabeza. A fines de 2019, rechazaron aplicar el protocolo de abortos no punibles implementado a nivel nacional con el argumento de que la medida era "política o ideológica", en palabras del coordinador de Políticas Sanitarias del ministerio de Salud de la Provincia, Alfredo Revidatti. 

El ministro de Salud de Corrientes, el pediatra Ricardo Cardozo, está a favor de que las niñas violadas continúen la gestación y de que un juez decida si pueden acceder a que se interrumpa su embarazo. Y el magistrado que debería velar por ese derecho, el juez de Instrucción y Correccional de Monte Caseros, Eduardo Alegre, afirma que la nena "fue seducida" por su padrastro y agrega que la víctima no fue amenazada ni golpeada. "Los psicólogos nos dijeron que no evidenciaba un gran trauma. Es muy común que tengamos muchos casos de abusos sexuales con menores de edad", refirió, naturalizando un delito aberrante.

Quizás convenga recordar a quienes deben tutelar por el bienestar de la nena que en un embarazo a edades prematuras es certero el riesgo de vida de la embarazada y de los recién nacidos. Según el Fondo de Población para las Naciones Unidas, los riesgos relacionados con el embarazo y el parto son mayores en las niñas y adolescentes más jóvenes. Las posibles consecuencias: muerte materna, infecciones, eclampsia, fístula obstétrica, parto prematuro y mortalidad neonatal. Los problemas de salud, de acuerdo con la entidad, son incluso más probables si la niña queda embarazada poco después de llegar a la pubertad. 

Ahora, con una gestación de 38 semanas, los médicos discuten si practicar o no una cesárea, operación que deja cicatrices. Hacer pasar por semejante trauma a una niña de diez años y condenarla a vivir el resto de su existencia con el recuerdo de los delitos que se le cometieron, es lisa y llanamente tortura física y psicológica.

Sólo queda remarcar la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) para detectar tempranamente el abuso sexual infantil. Uno de los contenidos que se trabaja en ese espacio es la sexualidad y el consentimiento. Según un análisis del Ministerio Público Tutelar de la ciudad de Buenos Aires, ocho de cada diez chicos abusados de entre 12 y 14 años pueden denunciarlo después de sus clases de ESI. 

Más del 70% de niños y niñas pudieron denunciar abusos tras sus clases de ESI

 

De las estadísticas sobre abuso sexual infantil en la Argentina realizadas por el gobierno nacional en 2016 se desprende que en el 75 por ciento de los casos el agresor es un familiar, de los que en el 40 por ciento ese familiar es el padre y en el 16 por ciento, el padrastro. En ese sentido, el 53 por ciento de los abusos sucede en el hogar de la víctima, el 18 por ciento en la vivienda del agresor y el 10 por ciento en la casa de un familiar. Por esto es fundamental que los niños tengan un espacio fuera del círculo familiar donde puedan contar sus vivencias.