En principio es una buena noticia que una mujer alcance puestos de poder que tradicionalmente le han sido vedados, aunque ser mujer no garantiza per se una mayor sensibilidad y compromiso para erradicar la violencia institucional. 

El compromiso con los derechos humanos no tiene sexo, aunque la historia argentina demuestra que fueron mujeres, madres y abuelas, las que le hicieron frente a la última dictadura militar sin pedir jamás venganza, sólo verdad y justicia. Es un ejemplo a imitar, en muchos sentidos.

El contexto permite afirmar que la Jefa de la policía no tendrá una tarea fácil. Ya se ha demostrado que no es sólo “gatillo fácil” sino violencia policial, institucional, la responsable de cientos de jóvenes asesinados en todo el país; y en particular en Córdoba, Mendoza y Provincia de Buenos Aires, territorios señalados por los especialistas como de máxima violencia policial.

La Comisaria Liliana Zárate tendrá que mandar, dictar órdenes, ejercer el poder para cambiar las prácticas no sólo de algunos policías sino de la matriz cultural y política de toda la institución. Evidentemente no podrá hacerlo sola y menos aún si su designación es el resultado de un cambio cosmético, un maquillaje políticamente correcto, un guiño hacia las cada vez más extendidas demandas por la inclusión de las mujeres en puestos de poder.

Como en la mayoría de los ámbitos, las integrantes de las fuerzas también tienen su propio techo de cristal: las mujeres llegan, pero difícilmente alcanzan puestos de decisión. Y según los datos de los principales observatorios de género y derechos humanos, la mayoría de los procesos administrativos que se abren en las fuerzas de seguridad involucran hechos de violencia de género.  

No es sorpresa para nadie que la institución policial es patriarcal y que tiene una estructura vertical y nada democrática. Tampoco que muchas mujeres policías sufren acoso y discriminación al interior de la propia fuerza, con escasas posibilidades de denunciar o hacer visibles esas violencias sin perder su trabajo. No es un dato menor, la propia lógica de la violencia interior se vuelca en la sociedad y en particular contra los y las más vulnerables.

Del 2008 al 2019, se registraron 196 femicidios perpetrados por integrantes o ex integrantes de las fuerzas de seguridad, según el monitoreo de las propias fuerzas de seguridad.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, afirmó recientemente en una entrevista con Infobae que “todavía es una deuda pendiente en el país el monitoreo, capacitación y rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad en el país”. Y la periodista y escritora Luciana Peker, agrega: “Ni morir por joven, ni morir por pobre, ni morir por morocho, ni morir por ser mujer…no morir con el arma que el Estado provee para defender la vida”.

Nadie puede sola

Más que desearle suerte, porque no se trata de azar, o felicitarla por un cargo que ya tiene una impronta previa a su llegada, sería auspicioso cifrar esperanzas en que el trabajo de Liliana Rita Zárate Belletti implique una acción colectiva que acompañe la nueva gestión y fortalezca los vínculos necesarios para cambiar de una vez por todas las políticas de seguridad de la provincia, que han fracasado una y otra vez.

Claro que eso no depende sólo de la Policía. Sin voluntad política de las máximas autoridades nacionales y provinciales por impulsar medidas concretas contra la desigualdad –mundialmente reconocida como la principal fuente del delito- cualquier política de seguridad está destinada al fracaso. 

A nivel nacional existe una Mesa Federal de Seguridad, Género y Diversidad, que se reúne cada tres meses dirigido por la ministra Sabina Frederic, y que tiene como principal objetivo “promover y diseñar políticas públicas en pos de garantizar el respeto por los derechos humanos en el accionar de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y provinciales, así como mejorar las relaciones laborales dentro de las instituciones”. Pero los abusos policiales y la represión no se detienen.

También han impulsado el gobernador Juan Schiaretti y el ministro de seguridad Alfonso Mosquera un nuevo protocolo de acción policial, cuyo foco está centrado en el “correcto uso de las armas de fuego, previsto sólo en situaciones de excepción”. ¿De verdad es una novedad impulsar con un protocolo cómo y cuándo la policía puede usar las armas?. 

Zárate Belletti tendrá que estar rodeada por más personas y organizaciones que conocen y pelean contra lo que se ha llamado “abuso policial” o “gatillo fácil”; también es deseable la participación de la Mesa de Trabajo por los derechos humanos, el ministerio de Género y Diversidad, los colectivos que reúnen a los sectores más vulnerables y vulnerados y, por supuesto, especialistas en temas de seguridad con enfoque de derechos y perspectiva de género. Y es indispensable que las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial se formen y transformen en el abordaje de la violencia como un problema de toda la sociedad. Incluyendo particularmente a los medios de comunicación, para que lejos de reproducir la ideología de la mano dura y la justicia por mano propia, asuman también su rol central en la construcción de una sociedad más justa, sin clasismo, sexismo ni racismo.