El decreto 394/2019 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación expone, en plena campaña electoral, una puja judicial entre el Gobierno y Cristina Fernández de Kirchner.

Particularmente, sobre la discusión respecto a la suma de dinero que, en el marco de la ley 24.018, debería percibir en el marco de la Asignación Mensual Vitalicia que cobran todos los expresidentes y vicepresidentes.

Durante una parte de 2016, la exmandataria cobró una pensión por el período de su fallecido esposo, Néstor Kirchner, otorgada por resolución de la Comisión Nacional de Pensiones de Argentina (CNPA) en 2010, y también por sus ocho años de gestión, de acuerdo a un dictamen de 2015 del exMinisterio de Salud.

El Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, consideró incompatible tal situación y entabló una traba en el cobro de una de las mensualidades, después de que Cristina Fernández no respondiera a una requisitoria para escoger entre una u otra.

Solicitó, a su vez, “la devolución bajo apercibimiento de iniciar acciones legales”, de alrededor de $ 1.500.000.

La expresidenta rechazó lo dictaminado por la cartera de Carolina Stanley, y pidió el reintegro de las “sumas retenidas”, a partir de noviembre de 2016.

Ahora, en plena campaña electoral, el decreto que lleva la firma del presidente Mauricio Macri deja “agotada la vía administrativa” para la precandidata a vicepresidenta.