La publicación de este miércoles, de la resolución 98/2020 del Ministerio de Trabajo de la Nación tiene una particular mención a Córdoba.

Es que la misma designa al abogado Alberto Simón como interventor del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC). Se trata del gremio que tiene a sus principales conductores con prisión preventiva, acusados de lavado de activos.

La norma, además de exigirle al funcionario designado un informe de la situación económico-financiera de la entidad, a presentar en 45 días.

Pero resultan llamativas unas líneas de los considerandos, que argumentan tal situación en "la necesidad de normalizar la situación generada a través de años de incumplimientos normativos, contabilización informal o paralela que fue con el paso del tiempo generando en el entorno familiar de los principales implicados, un cúmulo de bienes que analizados en perspectiva ocasionan un verdadero estupor en toda la comunidad".