El escrutinio provisorio es el primer conteo oficial de votos que se hace apenas termina la elección y está a cargo del Gobierno. Su objetivo es informar a la ciudadanía los resultados preliminares, pero no tiene validez legal. Los datos que sí cuentan legalmente y que permitirán declarar ganadores y perdedores son los del escrutinio definitivo, que está a cargo de la Justicia y se termina a más tardar a los 10 días corridos después de la elección, según el artículo 112 del Código Nacional Electoral.

A las 18 horas del día de la elección se cierran los comicios y comienza el conteo de votos. Las urnas se abren y el presidente de mesa con los fiscales partidarios cuentan voto por voto. De ese cómputo surgen tres documentos que deben ser firmados por el presidente de mesa y los fiscales: el acta de escrutinio, el telegrama y el certificado de escrutinio. En ellos se vuelcan los datos de los votos de cada mesa.

El acta de escrutinio es el documento que queda dentro de la urna para el escrutinio definitivo, que lo realiza la Justicia días después; el certificado de escrutinio queda para los fiscales partidarios y el telegrama es el que se envía al Correo para el escrutinio provisorio (el conteo de ese mismo día).

A partir de esta elección se utilizará un software que se adquirió por licitación a través de Correo Argentino y se llama SmartTally. Según dijo al medio Reverso la empresa que lo creó, Smartmatic, fue diseñado especialmente para la Argentina y permitirá que los telegramas con los votos de cada mesa sean transmitidos desde cada escuela de forma digital hacia los centros de cómputos.

Antes también se utilizaba un software y la empresa encargada era la española Indra, que estuvo a cargo del escrutinio provisorio en la Argentina durante 25 años y para estas elecciones perdió la licitación contra la anglo-venezolana Smartmatic.

La única diferencia es que ahora los telegramas serán transmitidos vía electrónica desde las escuelas a los centros de cómputos de la Dirección Nacional Electoral (DINE), que depende del Ministerio del Interior de la Nación sin pasar por las oficinas del Correo más cercanas a los establecimientos educativos. Antes, los telegramas se mandaban en camionetas desde las escuelas hasta las oficinas más cercanas del Correo, donde se digitalizaban.

El Gobierno nacional defiende el nuevo sistema porque supone agilizar la transmisión de información durante el escrutinio provisorio.

Por su parte, el Frente de Todos, que postula a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández, y Consenso Federal, que postula al binomio Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey, cuestionaron el nuevo sistema, porque temen que se puedan manipular los resultados provisorios en la noche del domingo 11 de agosto.

“Smartmatic es una empresa que objetivamente está llamada para enturbiar el proceso del recuento de votos hasta que lleguen los definitivos. Tengo una enorme preocupación. No estamos dispuestos a tolerar que hagan esto. Ya han ensuciado demasiado todo como para tolerar que ensucien el recuento”, dijo Alberto Fernández en una entrevista con el portal El Destape.

Por el Gobierno, en cambio, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, afirmó en una entrevista con Radio Continental que “el sistema electrónico para el escrutinio provisorio es totalmente transparente” y destacó que “los fiscales van a poder fotografiar el telegrama, enviarlo desde la escuela, seguir el proceso de envío y verlo cuando llega”.

Según la especialista Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre -una organización que se especializa en derechos digitales y temáticas vinculadas con el software libre y las nuevas tecnologías-, “con el nuevo sistema no se podría producir un fraude que dañe la integridad de la elección, ya que dos de los tres documentos que se usan para el escrutinio (el acta de escrutinio y el certificado de escrutinio, que son firmados por el presidente y los fiscales) no son manipulados por el nuevo sistema”.

Sin embargo, según la especialista, se podría afectar la legitimidad de la elección, ya que el conteo provisorio (cuyos resultados suelen ser comunicados primero a la ciudadanía) se realizará con un software no auditable por los partidos que podría diferir del resultado que surge de los documentos en papel.

“Si te vas a dormir el domingo a la noche pensando que ganó un candidato y después en dos semanas el escrutinio definitivo te dice otra cosa puede ser un problema. Si confundís la información del domingo electoral y de las tapas de los diarios del lunes, que es lo que podría llegar a pasar, podés deslegitimar profundamente el proceso electoral”, explicó a Reverso Busaniche.

Por su parte, Enrique Chaparro, experto de Seguridad Informática de Vía Libre, señaló en una entrevista con Radio Con Vos que del ensayo de funcionamiento realizado el 20 de julio surgió el uso de un programa “cuya notable antigüedad hace que tenga un montón de posibilidades de ataque”.

“Es una buena idea, pero como a toda buena idea además de imaginarla bien hay que implementarla bien. Y ahí es donde se plantea el problema: por alguna razón desconocida (…) hacen una transformación del formato digital de imagen que se utiliza, de modo tal que lo que se transmite es una cosa pero lo que leen los operadores que cargan manualmente los resultados de cada telegrama está en un formato distinto. Al hacer esa conversión, de un formato que se llama TIFF a otro que se llama PDF, utilizan un programa que tiene una gran cantidad de vulnerabilidades documentadas, conocidas y explotables”, aseveró Caparro.

En la DINE dijeron a Reverso que la imagen “no se convierte a PDF sino a PNG” y que “los especialistas analizaron documentos erróneos”.

“Ese ha sido el sistema utilizado en las últimas elecciones, al menos con el proveedor anterior, Indra, y nunca ha generado ningún cuestionamiento. Es la primera vez que se escucha un cuestionamiento a un sistema utilizado en 2013, 2015 y 2017. Si para ellos era un problema, lo habrían cuestionado antes”, dijeron.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó una acordada en 2017 donde se refirió a la necesidad de modificar el sistema tradicional del escrutinio: “En particular, deben preverse medidas que permitan agilizar y abreviar el tiempo de transmisión de los datos, a través de procedimientos tales como la digitalización y transmisión -en lo posible- desde el propio establecimiento de votación, para lograr una carga más amplia de información y, por lo tanto, más homogénea y representativa del resultado de la elección, sin posibilidades de manipulación mediante el orden de carga”, señalaron los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera.

El Gobierno afirma que con la implementación del nuevo sistema está cumpliendo este mandato judicial.

Pero el foco de los cuestionamientos de la oposición, tanto del Frente de Todos como de Consenso Federal, tiene que ver con dos puntos de la digitalización: uno es la falla en la primera prueba del software que se hizo en julio y otra es la imposibilidad de ver el código fuente, es decir de saber cómo fue desarrollado el programa y si tiene vulnerabilidades o no.

Sostuvo que “las agrupaciones políticas tienen la facultad de ir a ver la transmisión de los telegramas de escrutinio a las sucursales del Correo”. Y, además, completó: “Hoy lo que implementamos a nivel Gobierno es que esa transmisión se haga dentro de las escuelas”.

La DINE realizó el 29 de junio último la primera prueba nacional del sistema de conteo rápido; hubo otra el sábado 13 de julio (sólo interna de Correo Argentino) y una última, el 20 de julio, abierta a la prensa y a los partidos políticos. Además, se realizará otra prueba antes de las generales del 27 de octubre.

En la primera prueba se produjeron fallas admitidas por la empresa y el Gobierno nacional. Según el Poder Ejecutivo Nacional, fueron cuestiones técnicas, específicamente en la conexión a Internet de las netbooks utilizadas para transmitir los datos desde las escuelas.

Hernán Etchaleco, vocero de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales, le reconoció a Reverso que “hubo problemas de conectividad desde las escuelas” con el nuevo sistema, aunque aclaró que “no pasó nada fuera de lo previsto”. Además, agregó: “Hoy hicimos [por el 13 de julio] una nueva prueba y anduvo todo bien”.

Etchaleco precisó que 11 mil de las 15 mil escuelas contarán con un escáner multifunción de última tecnología, que se utilizará en aulas específicamente destinadas al escaneo y transmisión digital del telegrama, en reemplazo del envío por camionetas.

En los 4 mil establecimientos restantes se utilizará el sistema tradicional. Estas 4 mil escuelas son las de menor cantidad de electores (menos de cinco mesas) y las que, se cree, podrían presentar mayores problemas de conectividad.

Si hay fallas de conexión, dijo Etchaleco, se activará el sistema de contingencia. Es decir, el sistema tradicional: irá el camión del Correo a retirar los telegramas a la escuela y los llevará a las oficinas donde serán escaneados y transmitidos por vía electrónica a los centros de cómputos: uno, en la localidad bonaerense de Monte Grande, y el otro, en el barrio porteño de Barracas.

El “código fuente” del software SmartTally es cerrado. Esto significa que sólo la empresa puede observarlo o controlarlo, haciendo imposible su fiscalización por parte de los partidos políticos. Nadie más que la empresa sabe cómo funciona el software a nivel informático. Por eso, según especialistas y apoderados de la oposición, esto podría deslegitimar la elección en caso de haber fallas en la transmisión digital de los datos.

La oposición venía exigiendo que el Gobierno le entregara a la Justicia electoral y a los partidos políticos el software y los códigos fuentes del escrutinio provisorio.
La CNE dictó una acordada indicando que debían hacerlo 30 días antes de la fecha del acto electoral a fin de que puedan auditarlos. El Gobierno hizo caso omiso de este reclamo en reiteradas oportunidades.

Por eso el 6 de agosto último, la CNE dictó una nueva acordada intimando a la DINE a que “proceda a dar inmediato cumplimiento a la entrega del software para escrutinio provisorio”.

El 7 de agosto último finalmente el Gobierno entregó a la Cámara Nacional Electoral el software del escrutinio. Tras la última acordada de la CNE, en Smartmatic habían confirmado al medio que ese día se realizaría la entrega y señalaron que era algo que “ya había sido acordado” con el Gobierno.

De todas maneras, el kirchnerismo ratificó ese mismo día que no confía en el sistema. “Ya no sirve de nada porque no podemos hacer ningún tipo de prueba ni nada”, dijo Landau en declaraciones que reproduce el diario La Nación.

Consenso Federal, a través de su apoderado, había hecho semanas atrás una presentación a la CNE pidiendo información sobre el software. “Conocimos por vía informal que el sábado [por el 13 de julio] se habría hecho una prueba sin la participación de los partidos políticos”, dijo al medio el precandidato a diputado por Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez.

El 6 de agosto, el Frente de Todos realizó su propia presentación judicial, a través del apoderado del PJ, Jorge Landau, pidiendo directamente que “se deje sin efecto la aplicación del proceso de digitalización de los telegramas de escrutinio de cada mesa, transmisión y contabilización de los resultados provisorios” a cargo de Smartmatic.

El Frente de Todos también pidió designar interventores judiciales “para presenciar todos los procesos técnicos de escrutinio el día de la elección y para la realización de auditorías” posteriores, para las que se podría “contar con la colaboración técnica del Consejo Interuniversitario Nacional”.

“Tenemos desconfianza respecto de esto porque vimos cómo salieron las pruebas, que es vulnerable el sistema desde el punto de vista informático, es hackeable. Si no te vienen bien los resultados podés desde las distintas terminales que tienen frenar las cosas. Digo, desde eso, que es lo más sencillo, hasta cualquier otra cosa”, dijo Landau en una entrevista en radio Con Vos al explicar la presentación del amparo.

Con todo, Landau distinguió el escrutinio provisorio, del que se encarga el Gobierno, del definitivo, a cargo de la Justicia.

“La Justicia Nacional Electoral tiene 24 jueces federal dedicados a esto, una CNE, y de última queda la Corte Suprema de la Nación, que generalmente nunca interviene en estas cosas. Está garantizado absolutamente el escrutinio definitivo”, precisó.

Sobre el conteo provisorio, en cambio, Landau señaló: “El problema es en la noche del domingo 11, que se tergiversen los resultados en esa oportunidad. Ese es el miedo que tenemos: que te instalen un resultado distinto y un ganador distinto del que reflejan las urnas, nada más, que no es poca cosa en el mundo en que te instalan informaciones permanentemente”.

Desde la empresa Smartmatic explicaron a este medio que hay un segundo software para el procesamiento de datos con una copia segura que se entregará a la CNE. “Si se presentase la necesidad de revisar el código, está esa copia para hacerlo. Esa copia se entrega tal cual se utilizará en la elección y queda en bóveda”, dijo Samira Saba, directora de Comunicaciones de la empresa.

Sebastián Schimmel, secretario de Actuación Electoral de la Cámara, confirmó a Reverso que la empresa debe enviar una copia pero que ésta aún no llegó, aunque aclaró que debe ser enviada antes de las elecciones primarias del 11 de agosto. “[El viernes 12 de julio] se le mandó un oficio a la DINE recordándole que tiene que enviar el software. Es una copia que sólo mantenemos en depósito y la resguardamos. No tenemos derecho a abrirla”, precisó Schimmel.

No es la primera vez que la empresa Smartmatic participa en una elección: vendió distintos software a países como Italia, Filipinas, El Salvador y Venezuela, entre otros. Cada país usó tecnología diferente y en cada uno hubo distintos problemas.

En Lombardía, Italia, se contrató a Smartmatic en 2017 para un referéndum, una consulta de “sí” o “no”. Allí, dos días antes de la votación, se filtró el sistema que iban a usar y las claves de las máquinas de votación. Una nota del diario Corriere Della Sera cita al hacker y experto en seguridad informática Matteo Flora, que indica que mucha información sensible, contraseñas, nombres de usuario y claves de autenticación se volvieron accesibles para cualquiera.

En Venezuela, la empresa Smartmatic dio servicios en distintas elecciones desde 2004 hasta 2017. En la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 la misma empresa reconoció que hubo fraude, y que fueron las personas quienes manipularon los datos. Aquí se pueden ver las declaraciones de la empresa en ese momento.

Esta nota es parte de Reverso, un proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.