El proyecto de ley para establecer un cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros, obtuvo este jueves media sanción en la Cámara de Diputados y fue girado al Senado.

La iniciativa denominada “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, que es reclamada por el colectivo trans desde hace años, fue aprobada con 207 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones, obteniendo un amplio apoyo, aunque no la unanimidad del cuerpo de legisladores.

El texto surgió de un consenso de más de una docena de propuestas presentadas por legisladores de diferentes bloques y prevé incentivos por contratación para las empresas privadas y establece una serie de obligaciones del Estado para garantizar el acceso al empleo de una población desplazada del mercado laboral.

"El Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero", indica el artículo 5 del proyecto.

El proyecto aclara que, para acceder a los puestos de trabajo, no será necesario acreditar el cambio registral en el DNI y que se creará un Registro Único de Aspirantes en el que las personas interesadas podrán anotarse. La inscripción al Registro tampoco será un requisito obligatorio, sino que tiene el objetivo de proveer listados de candidaturas a las reparticiones demandantes.

De ser aprobado por el Senado, el cupo tendrá fuerza de ley nacional a través de la "Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero 'Diana Sacayán - Lohana Berkins'".

“Nos dimos el espacio para escuchar todas las voces e identidades, y por primera vez en la historia, en una reunión institucional, travestis y trans tomaron la palabra pública y dejaron registrado su testimonio en las versiones taquigráficas de la Cámara. El dictamen del proyecto fue conmovedor e histórico”, recordó en su discurso de este jueves la diputada Mónica Macha (FdT), presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, y autora de uno de los proyectos que se unificaron.

Uno de los beneficios para el sector privado que establece el texto del proyecto radica en que "las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales". Además, el artículo 10 prevé que estas empresas tendrán "prioridad en las contrataciones del Estado, las compras de insumos y provisiones".

Por otro lado, también se estipula la creación de líneas de crédito específicas por parte del Banco Nación "con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero".

Además del cupo y los incentivos para el sector privado, el proyecto incorpora una serie de principios de "no discriminación" que serán obligaciones del Estado.

En principio, se establece que, para acceder a los puestos laborales, "el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo". Si las personas aspirantes no completaron la escolaridad, "se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos", y será el Estado quien deba garantizar los medios para que esto se cumpla.

"Si el Senado la aprueba, será una Ley con legitimidad de origen que brindará respuestas concretas a un colectivo que históricamente fue violentado, excluido y vulnerado en sus derechos fundamentales”, dijo la diputada cordobesa Gabriela Estévez.

Desde la Campaña Nacional por el Cupo y la Inclusión Laboral Travesti Trans celebraron la media sanción y recordaron que el colectivo "tiene una expectativa de vida de entre 35 y 40 años de edad como consecuencia de la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales, comenzando por su exclusión estructural del mercado laboral formal".

Hasta el momento, además del decreto presidencial, las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa tienen leyes de cupo e inclusión laboral.

Los votos en contra fueron de los diputados del Pro Juan Aicega, Federico Angelini, Jorge Enríquez, Alejandro García, Osmar Monaldi, José Luis Patiño, María Carla Piccolomini, Dina Rezinovsky, Francisco Sánchez, David Schlereth y Pablo Torello.

En tanto se abstuvieron Héctor Baldassi, Javier Campos, Alicia Fregonese, Gustavo Hein, Humberto Orrego, Luis Pastori y Carmen Polledo.

Fuentes: pagina12.com.ar / parlamentario.com