Más de 100 condenados por delitos de lesa humanidad pidieron domiciliaria

Que la pandemia sorprendió a todos y movilizó rápidamente estructuras, no es novedad. De hecho la propagación del coronavirus obligó a la Cámara de Casación Penal a escuchar un consejo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar el hacinamiento en las cárceles a nivel global.

El documento apunta a que magistrados analicen las situaciones de internos que sean “grupos de riesgo”.

Rápidamente, representantes de represores cursaron pedidos y, según contabilizan organismos de Derechos Humanos del país, hay 115 condenados por delitos de lesa humanidad en tal situación.

En ese camino, desde la Procuración Penitenciaria de la Nación ya se pidieron mayores “criterios” de actuación.

Hubo algunas respuestas de magistrados ya. En Córdoba, todos los pedidos fueron denegados incluso antes del documento de Casación.

Y se le impidió salir, pese a constatados momentos de “ansiedad” por la posibilidad de que haya infectados dentro de los complejos del Servicio Penitenciario. Hubo fallos desfavorables a los pedidos de Carlos “Tucán” Yanicelli, que posee dos stends coronarios, y Mirta Graciela “Cuca” Antón (por su soriasis y el consumo de necesarios psicofármacos), entre otros.

El mismo camino corrieron Arnoldo José “Chubi” López , de 65 años, y el expolicía de la D2, Miguel Ángel “El Gato” Gómez, que tiene 70.

En las últimas horas, la abogada de víctimas del terrorismo de Estado en la última dictadura cívico militar, Guadalupe Gómez, adujo que hubo “115 pedidos” de condenados, y que en algunos casos, como en Mendoza, tuvieron respuestas positivas.

“En Mendoza no queda ningún represor en prisión, en Corrientes tampoco. Y En La Plata se ordenó la prisión domiciliaria de tres imputados en el caso Benavídez”, sentenció, entrevistada por radio Provincia, de Buenos Aires.