El nivel de amplitud que esgrimen los textos de normativas a modificar y proyectos de ordenanza a aprobar en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba parece alimentar la idea de dirigentes opositores, que apuntan a una ampliación desmedida de facultades del Poder Ejecutivo.

Es que, además del breve y atrapante proyecto que el oficialismo denomina "Plan de contingencia" del transporte urbano de pasajeros, buscan modificar los estatutos del Ente de Obras y Servicios Públicos (ESyOP, hoy con el nombre de fantasía de Córdoba Obras y Servicios, COS).

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Por eso de forma paralela ingresó un proyecto de cambio de articulado, que lleva la firma del intendente Martín Llaryora y el secretario de Gobierno, Miguel Siciliano.

De manera sutil se invierten un grupo de palabras para que los trabajadores que son parte del organismo puedan realizar cualquier servicio público que "en forma total o parcial, delegue el Departamento Ejecutivo Municipal".

¿Será la presunta necesidad de contar con choferes que conduzcan los vehículos determinados para el esquema de emergencia?

La cuestión parece incluir el doble conflicto en el que se encuentran las autoridades: por un lado, ante el rechazo de los choferes de una reducción salarial, lo que derivaría en la continuidad del paro.

Y por el otro, la posibilidad de una mayor independencia del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), con quien sostiene un enfrentamiento planteado casi desde el primer día del Justicialismo en el Palacio 6 de Julio.

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