Qué dicen las últimas encuestas sobre la administración de los planes sociales
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Hace poco más de un mes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó en un discurso de gran repercusión que "la aplicación de las políticas sociales no siga tercerizada", en referencia a los organismos y movimientos que ejercen el rol de intermediarios de los planes en los últimos años.
¿Qué dicen al respecto las encuestas más recientes realizadas luego del planteo de CFK? Según un estudio realizado por D´Alessio-IROL/Berensztein, 28% de los electores opina que el manejo de los planes debe estar a cargo del Gobierno nacional, 7% se inclina por los gobiernos provinciales y 8% por los municipios, mientras que 32% prefiere una combinación de los distintos niveles del Estado; apenas 8% cree que los planes no deberían existir (gráfico arriba).
Entre los votantes del Frente de Todos (FDT), 36% se decanta por el Gobierno nacional y 38% por un mix de los tres niveles de gobierno (empate técnico), mientras que entre los electores de Juntos por el Cambio (JXC) también hay un empate técnico entre esas dos opciones (que alcanzan 25% y 27%, respectivamente), pero quienes creen que los planes no deberían existir trepan al 13%.
En tanto, según la última encuesta de Zuban Córdoba & Asociados el 63,2% cree que la administración de los planes sociales debería depender del Estado nacional, mientras que 21,4% se decanta por los intendentes o gobernadores. Apenas 2,3% se pronuncia a favor de que los administren las organizaciones sociales (gráfico arriba). Así, en un promedio aproximado de ambas mediciones, más allá de sus matices se perfila una mayoría a favor de que el manejo de esos programas esté a cargo del Gobierno nacional.
En cuanto al objetivo percibido del planteo de CFK, según la encuesta de D´Alessio/IROL 53% cree que apunta a obtener ventajas electorales y 27% lo atribuye a un intento de mejorar el sistema; apenas 15% lo asocia a un intento de controlar al presidente Alberto Fernández (gráfico arriba). Entre los votantes del FDT más del 70% percibe un intento de mejorar el sistema, mientras que más del 70% de los electores de JXC lo asocia a tratar de obtener ventajas electorales. Así, en ambas cuestiones abordadas por esa medición aparecen puntos de convergencia general junto con matices vinculados a la matriz política con la que se identifican los votantes.
A su turno, consultora Analogías indagó las actitudes respecto a la necesidad de transparencia en la administración de los programas y planes sociales. Casi dos de cada tres electores (64,4%) cree que deben transparentarse mucho o bastante y apenas 15% cree que su transparencia debe modificarse poco o nada; casi 21% no sabe (gráfico arriba).
Finalmente, el estudio de Zuban Córdoba también abordó qué aceptación tendría hoy una futura política de shock que implicara una drástica reducción de los planes sociales. En ese caso, 67,5% mostró conformidad (47,1% mucha y 20,4% algo), mientras que 31,1% expresó disconformidad (casi 12% algo y 19,2% mucha; gráfico arriba).
En síntesis, el análisis de esta serie de mediciones arroja que hay consenso respecto a tres puntos: 1) la necesidad de transparentar la administración de los programas sociales 2) de que el manejo le corresponde prioritariamente al Estado nacional y 3) de que a futuro el camino pasaría por reducir los planes, en lugar de seguir ampliando la base de beneficiarios.