Mientras el proyecto para la regulación de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo continúa su trayecto por las comisiones del Senado de la Nación, distintas entidades que avalan la realización segura de la práctica ratifican su expectativa de que la iniciativa se convierta en ley.

Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir creen que existen condiciones propicias para que el aborto seguro, legal y gratuito cuente con el marco normativo que requiere.

Aunque tal posibilidad se frustrara, precisamente en el Senado, en 2018, entienden que la discusión ha gando volumen y penetración en la sociedad.

"Se habló mucho de la despenalización del aborto desde 2018. También de la puesta en agenda política del debate. La marea verde, que creció inmensamente desde entonces, permitió que el tema salga del closet, que se pensase en torno a ese tema, sin esperar a que te toque la situación de cerca. Eso tuvo un efecto enorme en la sociedad. Muchas personas se sumaron a la red. Crecieron todos los movimientos que luchan porque salga esta ley. Hay una matriz social más problematizada respecto a la situación. El debate de hoy sucede en un terreno con una escucha distinta", consideró María Belén Carcedo, integrante de la citada red de profesionales.

No obstante, la médica generalista, cuya exposición causara gran impacto durante el debate en las comisiones de la Cámara de Diputados, remarcó que el proyecto que se discute ha incorporado una cláusula que puede derivar en un obstáculo para futuros procedimientos: la objeción de conciencia para instituciones.

"El proyecto que presentó la Campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito no tenía la objeción de conciencia como posibilidad. El proyecto que salió de Diputados tiene esa objeción, redactada de una manera que se permite una objeción institucional soslayada", apuntó Carcedo.

"Está la posibilidad de que todos los efectores de una institución puedan declararse objetores y esa institución tiene la objeción de derivar a esa persona a una institución que sí lo garantice, asumiendo todos los costos que esa derivación implica. Pero eso es algo más factible de pensar en las ciudades, en los lugares donde hay distintas instituciones que garantizan salud. Entonces, si no se puede en una, ahí nomás, cerca, tenés otra opción", prosiguió.

A su entender, la denominada objeción de conciencia suele emplearse más allá de las convicciones personales.

"Conocemos cómo se viene utilizando históricamente la objeción de conciencia en cuestiones de aborto y ha sido un recurso para obstaculizar la práctica. No ha sido usado en términos de una convicción ética, moral y religiosa. Se usa como obstaculización de la práctica. Esta red de personas, las organizaciones feministas, la marea verde, seguimos pujando para que puedan acceder universalmente todas las personas que lo decidan voluntariamente", aseveró.

En ese marco, criticó la postura de los diputados cordobeses, quienes mayoritariamente votaron en contra del proyecto de ley impulsado por el oficialismo.

"En Córdoba está claro que no hay una política a la interrupción legal del embarazo. La postura en Diputados expuso claramente a la gestión actual. Seguimos insistiendo: es su responsabilidad y estaremos ahí remarcando cada vez que sea necesario", sentenció.